En abril de 2022 cuatro trabajadoras de prensa televisiva del grupo Albavisión renunciaron casi al mismo tiempo. Todas habían sufrido algún tipo de acoso sexual en su lugar de trabajo. Hablando entre ellas, descubrieron que lo que le pasó a una, les había pasado a las otras. Aparte del mismo victimario, de un patrón común y de hechos ocurridos en la misma oficina, constataron que las historias de coacción venían de años atrás y que de esos rumores casi no se hablaba por miedo y vergüenza. El gerente de prensa las besaba y toqueteaba a la fuerza y, si las jóvenes periodistas no accedían a sus deseos, perdían sus espacios televisivos, se les cambiaba el horario o se estancaba definitivamente su carrera.
Cuando supieron que a otras compañeras les pasaba lo mismo y que existía un guion sistemático de explotación, juntaron fuerzas para denunciar al jefe periodístico abusivo. Pocas semanas después, una fría tarde de mayo, una inusual protesta ocurría frente a las puertas del canal. Una treintena de trabajadoras de prensa con carteles que gritaban “Basta de acoso” demostraban que aquellas periodistas que habían renunciado ya no estaban solas. Había otras dispuestas a creerles, a decirles que no estaban locas o que también habían pasado por la misma situación.
Cuando decidieron recurrir a la Fiscalía, las denunciantes ya eran seis, aunque sabían que las víctimas se contaban por decenas. Muchas de estas estaban casadas, se avergonzaban de exponer eventos que habían impactado negativamente en sus vidas y acompañaron la lucha en silencio. Ese silencio de los pasillos que fuera el cemento que sostuvo a Carlos Granada como pilar periodístico del canal durante tanto tiempo. La denuncia judicial había roto el vacío acústico. Todo empezaría a cambiar.
La empresa periodística no se dio cuenta de eso. Pese a que era imposible de que no supieran lo que venía ocurriendo desde, por lo menos, 2016, inició una persecución y hostigamiento contra quienes habían denunciado acoso. Unos meses después eran unas diez trabajadoras las que quedaron fuera del conglomerado entre despidos, renuncias y demandas. El Sindicato de Periodistas del Paraguay repudió el asedio y el caso alcanzó repercusión internacional. Solo cuando la avalancha de publicaciones fue incontenible, Granada fue desvinculado.
Esta conducta institucional reprobable fue incluso señalada por una de las juezas del Tribunal de Sentencia que condenó al periodista: “Canal 9 perdió fama y prestigio a causa de estos hechos”. También la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, criticó a quienes en el canal optaron por el silencio a pesar de haber sido testigos de lo que ocurría.
¿Cómo se comportó la prensa en un caso que involucraba a un periodista? Pues, creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Los medios, en general, no apoyaron a Granada ni taparon lo ocurrido. Al contrario, ejercieron un rol activo de denuncia y seguimiento, lo que contribuyó a la visibilidad del proceso judicial. El hecho de que el caso se hiciera “mediático” fue un factor crucial para la sentencia obtenida. “Los despidos y amenazas de Albavisión violaron leyes laborales” decía el Departamento de Estado de Estados Unidos en un Informe Sobre Prácticas de Derechos Humanos, en 2023.
También hay que felicitar a dos estamentos a los que tantas veces criticamos: El Ministerio Público y la Justicia. Por unanimidad de votos los jueces condenaron a diez años de cárcel a Granada. Sostuvieron que los relatos de las víctimas no solo fueron consistentes entre sí, sino que además se complementaron con otros medios de prueba que permitieron reconstruir de manera lógica y razonable los hechos que le fueron atribuidos.
Esta es una sentencia histórica que establece un precedente en la lucha contra la violencia de género en el trabajo para todas las mujeres. Y, aunque tardía e insuficiente, es una reparación para quienes tuvieron la valentía de denunciar, pese a las presiones y la tradición del silenciamiento del acoso sexual.
