Alejandro Nissen investigó a Óscar González Daher en el 2002, cuando el político luqueño era diputado, por la posesión de un vehículo Mercedes Benz traído desde Brasil y que aparentemente era mau.
Como el ex legislador formaba ya parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), empezó a perseguir a Nissen hasta que logró que lo destituyeran del Ministerio Público.
Desde entonces, empezó un calvario para el ex fiscal, que llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En comunicación con Última Hora, recordó que todo comenzó con una investigación de manera oficiosa, cuando era fiscal de la Unidad de Anticorrupción. Se trataba de un vehículo en situación irregular que pertenecía al entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
En el proceso surgieron documentos falsificados que estaban en Aduanas y con los cuales se hicieron las escrituras de más rodados que fueron robados en el Brasil.
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Entre los nombres de propietarios había varios políticos, entre ellos, el entonces diputado y ya integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Óscar González Daher.
“Pudimos incautar los vehículos del presidente (González Macchi), de su esposa, pero no así de González Daher, porque no fue desaforado y enseguida escondió su auto”, rememoró.
Nissen indicó que en aquel momento el dirigente luqueño le pidió la carpeta fiscal del caso, “como un mensaje de advertencia”, pero el ex agente fiscal se excusó alegando que debido al momento procesal los documentos estaban reservados.
Según su versión, “ahí se empezaron a descomponer las cosas” y le iniciaron un proceso en el que terminó suspendido, aunque todavía podía cobrar su salario.
Luego hizo otra investigación sobre evasión de impuestos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando, dirigida hacia unos funcionarios de la Aduana, entre los que también estaba involucrado González Daher.
Recordó que la Corte Suprema le levantó esa primera suspensión y nuevamente pudo participar de un juicio como fiscal. Esta medida la quiso celebrar con sus colegas, pero antes un periodista le avisó que otra vez fue suspendido.
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Esta segunda sanción fue ya sin goce de sueldo y acarreó peores problemas. Nissen explicó que seis meses antes de que le suspendan nuevamente, una persona del JEM le pasó un documento que era su sentencia misma. Él decidió depositarlo en una escribanía.
Al cumplirse el plazo, comprobó que los textos eran idénticos, con el único detalle de que uno tenía las firmas del JEM.
Planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida, pero fue rechazado. Nissen lo resume así: “A las 09.40 imputé a González Daher y a la hora ya estaba mi suspensión”.
El calvario de Nissen y su familia
Apenas salió la resolución del Jurado, el entonces fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre allanó la oficina de Nissen, le incautó todos los documentos y desmanteló la oficina. Además, el Ministerio Público inició una investigación contra todos los funcionarios de esa unidad.
Nissen se quedó sin trabajo y llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2004.
Al recordar esa etapa, el ex fiscal no pudo evitar quebrarse y dejó de hablar por unos segundos. Sostuvo que cada vez que recuerda esos años se emociona porque mucha gente lo ayudó, no solo con mensajes de aliento, sino económicamente.
“No teníamos un centavo, mis hijos tenían que rendir en el colegio, no podía pagar las cuotas, tenía cuentas en una cooperativa y no podíamos pagar todo. Pasamos muy mal”, señaló.
El abogado tuvo que empezar a vender sus pertenencias para poder costear la manutención de su familia.
Además, indicó que al ser removido de la Unidad Anticorrupción, hubo casos que sus reemplazantes no continuaron. Entonces, los procesos quedaron en la nada y algunas personas que fueron investigadas le entablaron demandas civiles. “Fueron años de litigio, pero afortunadamente zafé”, agregó.
En el 2008 entró como parte de una unidad de investigación interna del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), perteneciente a un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo ((BID). Luego fue comisionado a la Secretaría Anticorrupción como asesor jurídico, durante la gestión de Juan Carlos Ramírez Montalbetti, hasta que fue reemplazado por Soledad Quiñónez.
Recién en el 2013 la Corte Suprema falló a su favor y le revocaron la suspensión, pero solo le pagaban la mitad del sueldo que tenía antes. Mientras que en el 2014, 10 años después de haber presentado la denuncia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió su caso.
Aún así, no se sabe cuánto tiempo tardará en salir una sentencia. “Paraguay se expone a pasar vergüenza internacionalmente”, sostuvo Nissen.
Así también, aseguró que el verdadero responsable de lo que le sucedió fue Óscar González Daher, quien justamente está imputado desde diciembre pasado por tráfico de influencia, tras la filtración de audios que revelan cómo manipulaba la Justicia a través del JEM.
El ex senador renunció a su cargo la semana pasada por presión ciudadana, en medio de otra investigación que lo involucra con una empresa fantasma.
