Los fiscales Luis Said y Marlene González tuvieron que acercarse hasta la sede de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), debido a retrasos, para retirar documentos sobre las licitaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este e informes tanto de empresas y como de la Gobernación de Alto Paraná por la investigación contra la intendenta Sandra McLeod, su esposo, el senador Javier Zacarías Irún, y allegados.
La fiscala González señaló que los documentos fueron solicitados con anterioridad, pero “aparentemente se traspapelaron”, según las explicaciones que dieron desde la DNCP, informaron desde el Ministerio Público.
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Asimismo, explicó que toda la documentación confiscada por el fiscal Leonardi Guerrero está siendo analizada y deslacrada debido al gran cúmulo de información que se logró incautar en los allanamientos realizados anteriormente en la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná y empresas supuestamente ligadas al clan Zacarías.
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“Todas las documentaciones serán evaluadas y cotejadas como corresponde, con los peritos del Laboratorio Forense y también las partes, los abogados defensores con sus peritos de confianza”, remarcó Marlene González.
La familia y allegados están siendo investigados por Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
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Un grupo de abogados presentó el pasado 13 de setiembre la denuncia ante el Ministerio Público contra el clan Zacarías Irún. Luego, el pasado 2 de octubre, se amplió la denuncia, que afecta a la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod; su esposo, el senador Javier Zacarías Irún; el empresario Fernando Román Fernández y la hermana del legislador, Margarita Antonia Zacarías Irún, entre otros.
