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Designan a nuevos fiscales para investigar a clan Zacarías

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó como interinos a los agentes Marlene González y Luis Said en el marco de la investigación contra el clan Zacarías, luego de la recusación presentada por el socio comercial de la familia contra los cinco fiscales que llevaban la causa.

La titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, designó este martes a los fiscales Luis Said y Marlene González para interinar en la investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, informó la periodista Marcia Martínez.

La Fiscalía tiene en la mira al senador Javier Zacarías; su esposa Sandra McLeod, intendenta de Ciudad del Este; su hermana Margarita Zacarías; y el empresario Fernando Román.

Román, quien es socio comercial de los Zacarías, fue quien recusó este lunes –mediante su abogado- a los fiscales Leonardi Guerrero, Sussy Riquelme, Rodrigo Estigarribia, Natalia Fuster y Luis Piñánez.

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El argumento fue que los fiscales habían dado declaraciones a la prensa sobre los detalles de los allanamientos a las empresas vinculadas a la familia, lo cual estaría prohibido.

En el marco de la investigación contra los políticos esteños y su entorno, los agentes del Ministerio Público incautaron una gran cantidad de documentaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación de Alto Paraná, las empresas Gestiones del Este SA e Itapema Constructora SA, entre otras vinculadas al clan Zacarías.

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En Gestiones del Este SA figura Fernando Román como presidente, mientras que Javier y Margarita Zacarías Irún son socios. La firma tiene un capital integrado de G. 10.000 millones, según la denuncia presentada por un grupo de abogados, entre los que se encuentran Yolanda Paredes, esposa del senador Paraguayo Cubas.

Román también aparece como dueño de la empresa Itapema Constructora SA junto a Arsenio Román. La firma tendría un capital de G. 1.000 millones.

La denuncia presentada en contra de los políticos esteños expone que la familia cuenta con propiedades costosas en Ciudad del Este, Asunción y Brasil, lo que no condice con sus ingresos en la función pública.

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