El Juzgado resolvió este martes dar lugar al pedido de amparo que la semana pasada presentó contra la Intendencia Martín Almada, premio Nobel Alternativo y víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Además, Almada basó el recurso en el derecho de los ciudadanos a obtener información de las instituciones, con base en la ley de transparencia que rige en Paraguay.
En ese sentido, el fallo señala que “la publicidad de los actos y registros de gobierno -entre ellos los municipales- es obligatoria cuando todo ciudadano requiera ello”.
Por tanto, se resuelve que la Intendencia asuncena debe proporcionar la información pedida por Almada sobre la mansión, ubicada en un predio en el barrio de la Santísima Trinidad de la capital, que fue demolida.
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El activista había solicitado datos relativos a la construcción de la mansión, el pago de impuestos municipales y los acuerdos entre la Municipalidad y la familia Stroesner sobre la construcción en ese lugar de un edificio de gran porte.
El activista aseguró que la Municipalidad no contestó el pedido de información en dos ocasiones, por lo que resolvió presentar un “recurso de amparo constitucional” ante la Justicia por la “omisión ilegal” de la obligación de facilitar esa información pública, como recoge la ley de transparencia.
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La finca fue recuperada por la Municipalidad de Asunción en 2015, después de que una jueza declarase nulo un documento de permuta, fechado en 1974, en el que el ayuntamiento cedía esos terrenos a la familia del dictador a cambio de otros dos lotes de tierra.
No obstante, la mansión quedó fuera de ese fallo y permaneció como propiedad de la familia Stroessner.
Almada, junto a otras víctimas de la dictadura stronista planeaban “convertir la mansión” del dictador en una “universidad pública para los trabajadores”, como medida de “resarcimiento parcial de los daños sociales ocasionados por la dictadura”.
A inicios de febrero se cumplirán 30 años del golpe militar que derribó a Stroessner, cuyo régimen dejó una secuela de 425 desaparecidos o ejecutados y forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
