El fiscal Silvio Corbeta se ratificó esta mañana en la acusación contra el ex intendente Miguel Prieto, así como contra los demás acusados por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal, conforme señaló.
En el caso, se habla del presunto negociado en la compra de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160.
En el caso conocido como Tía Chela, están procesados el ya citado ex jefe comunal Miguel Prieto y Francisco Arrúa por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
Igualmente, Maggi Fariña, Sebastián Insfrán, José Cáceres, Julián Benítez, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emily Florentín, por lesión de confianza, en grado de complicidad y asociación criminal como coautores.
Además, el agente del Ministerio Público pidió también al juez de Delitos Económicos la aplicación de medidas cautelares en contra de los procesados, teniendo en cuenta su comportamiento procesal.
Específicamente, respecto a Miguel Prieto, entre otros elementos, pidió la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ciudad del Este, de donde había sido destituido, y ya se hizo la elección del nuevo intendente.
Posteriormente, las defensas comenzaron a plantear sus incidentes respecto principalmente a la acusación del Ministerio Público.
La audiencia se había suspendido en varias ocasiones, por recusaciones contra el magistrado principalmente, debido a que las defensas sostienen que es compadre de Javier Zacarías Irún, principal enemigo político de Miguel Prieto.
Luego de los incidentes, el magistrado va a correr traslado a la Fiscalía para que conteste los incidentes promovidos por los representantes de los procesados.
En la audiencia preliminar, el juez Humberto Otazú deberá resolver si eleva o no a juicio la causa, teniendo en cuenta el pedido de juicio oral para el encausado.
