“Es un precedente importante. ¿Cuántos casos hay que de forma individual denuncian y es difícil de probar? Esto siempre ocurre entre cuatro paredes, no hay mensajes, por supuesto que no hay gente que vio, porque se cuidó bastante de no dejar rastro”, analiza la fiscala Claudia Aguilera, que conformó el equipo de investigación que logró la condena al periodista.
Justamente fueron tres mujeres fiscalas las que tomaron la denuncia de las víctimas en el 2022, año en que comenzó a salir el caso de Carlos Granada.
“Cuando tomamos conocimiento de este caso, llamó muchísimo la atención la cantidad de víctimas que denunciaban los hostigamientos”, cuenta la agente.
Granada en ese momento continuaba siendo gerente de prensa de un grupo que forma parte de una multinacional, que es Albavisión.
“Es un precedente importante. Esto ocurrió entre 4 paredes; no hay mensajes, no hay gente que vio, se cuidó bastante de no dejar rastros”.
¿Cual era el modus operandi?
El periodista buscaba víctimas que estaban en estado vulnerable, con una necesidad económica. Hay víctimas que contaron que necesitaban el trabajo para pagar su facultad, otra que acababa de adquirir un auto con mucho esfuerzo; otra que contó que era sostén de su familia, que tenía problema de pareja y una que su papá estaba enfermo.
“El fin último de la investigación es el descubrimiento de la verdad real y que las pruebas fortalezcan eso. Esto reveló el juicio. Las evaluaciones a las que fueron sometidas las víctimas lo probaron, no solo por forenses del Ministerio Público, sino también por psicólogas del Ministerio de la Mujer y también particulares”, detalla Claudia Aguilera.
Buscaba víctimas vulnerables, con necesidad económica, que pagaban facultad, que tenían al papá enfermo.
Los sicólogos detallaron los daños que quedaron en las mujeres, los indicadores de agresión sexual en las víctimas, que no son solo seis, remarca la fiscala, sino quizás el doble o más, que ya no pudieron denunciar, porque la ley establece que el acoso sexual prescribe a los seis meses del hecho.
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“Remarco esto, que se evidenció cómo, en un ambiente laboral, puede ser sometida una persona y cómo se normaliza. Y la forma en que se dirigía a ellas, que si ellas no estaban con él, no iban a ser nadie, y están los castigos por no acceder a sus pretensiones”, lamentó Aguilera.
También quedó asentado en el juicio la mujer como cosa, como objeto, dijo.
El abogado Rodrigo Yódice, querellante de cinco víctimas, también se refirió a la sentencia de 10 años de cárcel contra Granada. “Este fallo es reivindicatorio de la respuesta necesaria del poder punitivo estatal contra la violencia de género, contra la cosificación extrema”.
Este fallo reivindica la respuesta necesaria contra la violencia de género, y la cosificación extrema.
Mujeres unidas
Este hecho finalmente hizo unir a mujeres “para combatir a alguien que era prácticamente indestructible, de mucha relevancia”.
“Como fiscala admiré mucho cómo ellas formaron como una masa de indignación y eso les dio fortaleza para que puedan denunciar y seguir”, comentó.
Tribunal rechaza pedido de libertad de Carlos Granada
Con el argumento de que el arresto domiciliario no contaba para compurgar la pena mínima, el Tribunal rechazó la libertad del periodista Carlos Granada, quien el miércoles fue condenado a 10 años de cárcel por los mismos jueces.
Los magistrados Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Juan Pablo Mendoza ratificaron la resolución de prisión preventiva contra el comunicador, cuyo juicio oral culminó el miércoles en Tribunales.
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La audiencia de revisión de medidas se hizo con la presencia del defensor Álvaro Arias y el abogado querellante Rodrigo Yódice, sin la presencia de las agentes fiscales ni del procesado.
En la diligencia, la defensa de Carlos Granada solicitó la revisión de medidas cautelares, con el argumento de que este ya había compurgado la pena mínima durante el proceso que se le seguía.
Según refirió, estuvo preso desde el 11 de noviembre de 2022 hasta el 16 de febrero de 2023, donde tuvo arresto domiciliario. Después, el 19 de mayo de 2023 se revocó el arresto domiciliario por el cumplimiento de la pena mínima.
Por su parte, el abogado querellante Rodrigo Yódice sostuvo que, en este caso, ya hubo una sentencia condenatoria, a más de que el comportamiento procesal del acusado les llevaba a la convicción de que había peligro de fuga y de que era un hecho punible grave.
El Tribunal, tras una breve deliberación, en forma unánime rechazó el pedido de libertad. Por un lado, sostuvo que el arresto domiciliario no contaba para la pena y que se podían pasar tres meses de prisión cuando había condena.
