Se trata de un plan estratégico para resolver uno de los conflictos de tenencia de tierra más emblemáticos del Chaco paraguayo, según el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
El foco de la gestión está puesto en la regularización de 30.000 hectáreas, que habían sido donadas al Estado en el año 2007. A pesar de la relevancia de este traspaso para la comunidad, el proceso permaneció estancado por casi dos décadas.
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Según explicó Ruiz Díaz, la reactivación de este proceso responde a una instrucción específica del presidente de la República, Santiago Peña. El objetivo es cerrar el ciclo de precariedad jurídica que afecta a cientos de familias en la zona.
Para lograrlo, el Indert está implementando un modelo de gestión basado en alianzas público-privadas (APP). “El sector privado está apoyando mucho estos trabajos de regularización. Tenemos hasta hoy día tres acuerdos de este tipo”, señaló el alto funcionario.
Uno de los pilares de este avance es la colaboración con la empresa Victoria SA, perteneciente a la Corporación Atenil, antigua propietaria de las tierras. Durante una reunión, se establecieron los siguientes puntos claves, como el diagnóstico técnico, una hoja de ruta y el equipo de trabajo, según detalló el titular del Indert.
“Los pobladores van a estar muy felices y contentos, porque vamos a poder concretar esta donación en este año. Es una instrucción clara del presidente Peña y estamos trabajando para que la seguridad jurídica llegue finalmente a Puerto Casado”, afirmó Ruiz Díaz.
En el mes de noviembre de 2025, se realizó el primer paso cuando se entregaron los títulos de propiedad a unas treintenas de pobladores de Casado, donación realizada por la firma Atenil SA.
En el mismo momento se realizó la firma de acuerdo público-privado para avanzar en la titulación masiva para los vecinos y concretar la donación de 30.000 hectáreas.
