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Iglesias: Intendente tiene 1 semana para informar a Contraloría

La Contraloría General de la República puso un plazo de 10 días hábiles al intendente municipal de Salto del Guairá, Carlos César Haitter, para presentar informes sobre los millonarios recursos financieros destinados a la construcción y reparación de iglesias. Le queda una semana de tiempo.

Elías CabralPor Elías Cabral

En tan solo nueve meses, Carlos César Haitter, intendente del municipio de Salto del Guairá, usó G. 1.122 millones, monto que destinó a obras para iglesias católicas y evangélicas. A raíz de las publicaciones periodísticas del caso, la Contraloría General de la República abrió una investigación y solicitó informes a la Comuna.

El pedido de informes fue enviado el pasado 2 de agosto, con un plazo de presentación que comprende 10 días hábiles, de parte de la Dirección de Control de Organismos Departamentales y Municipales de la Contraloría, tras la denuncia de presuntas irregularidades por el millonario uso de dinero público.

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Hasta dentro de una semana, el intendente Haitter tendrá tiempo de brindar todas las informaciones que servirán como base para elaborar un dictamen, que será presentado el 31 de agosto próximo al Congreso Nacional, a partir del cual se debatirá si corresponde o no la intervención al municipio.

El caso saltó a la luz luego de que la administración de Haitter hizo un llamado de licitación para la construcción del Centro Familiar de Adoración, del pastor Javier Abreu Gásperi, el cual se dio por medio de una contratación directa bajo el monto de Gs 157 millones.

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Carlos César Haitter justificó que la utilización de los millonarios fondos fue porque las iglesias aportan de forma importante con la sociedad civil, aunque no supo explicar por qué utilizó recursos de la compensación por la pérdida de los 7 Saltos del Guairá, que deberían ser destinados única y exclusivamente en obras de infraestructuras turísticas.

En esta ocasión, Haitter cumple su segundo periodo de administración. Ya gestionó la Municipalidad de Salto del Guairá entre el 2006-2010, periodo en el que fue procesado judicialmente ante una supuesta malversación de G. 1.200 millones en la ejecución de obras viales y alcantarillado. La carpeta está en la Cámara de Apelaciones, tras una recusación del juez original de la causa.

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