Durante su defensa ante el pleno de la Cámara de Diputados, José María Ibáñez había revelado que, en un momento de suma presión ciudadana y mediática, había pensado en renunciar a su escaño en el Parlamento. Pero alguien le había llamado para pedirle que no se rinda, una persona le había dicho “no renuncies”.
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Era su padre, Antonio Ibáñez, ministro de Agricultura y Ganadería durante la presidencia de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008). El político colorado debió dimitir el 5 de junio del 2005, luego de que una investigación de Última Hora hiciera pública la existencia de una empresa fantasma que estaba a nombre de un empleado suyo y fue creada para proveer carne de forma ilegal a la Policía Nacional, recordó el periodista Andrés Colmán.
La primera publicación fue realizada el 29 de mayo de ese año y hacía referencia a la utilización de testaferros por parte de Antonio Ibáñez, desde que se desempeñaba como titular del Fondo Ganadero.
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“Violando la Ley de Contrataciones Públicas y eludiendo llamados a licitación, concretó desde mayo del 2003 la provisión de productos cárnicos a la Intendencia de la Policía Nacional, mediante un equipo de prestanombres”, destacaba la primera publicación.
San Antonio se llamaba la empresa que vendía carne a la institución policial y fue investigada por los fiscales Arnaldo Giuzzio y Adolfo Marín.
La investigación sacó a la luz que la empresa no estaba habilitada para operar y que, incluso, fue rechazada por la Comisión Técnica Permanente de Licitación Pública de la Policía, pero igualmente se encargó de la provisión de carne por valor de G. 623 millones.
Aurelia Amarilla, viuda del testaferro Faustino Decoud, había dado fe de que la firma le pertenecía al ministro. Esto desembocó en la renuncia de Ibáñez, pero el proceso penal acabó en impunidad.
Decoud falleció en un accidente de tránsito. Según su esposa, iba en una camioneta del MAG sin ser empleado de la cartera, cumpliendo una tarea del negocio privado.
Ibáñez hijo no renunció y fue salvado por 52 diputados
En la sesión extraordinaria del miércoles, la mayoría de la Cámara de Diputados –cartistas, abdistas y liberales– decidió no hacer lugar al pedido de la pérdida de investidura de José María Ibáñez, tras haber admitido la existencia del hecho conocido como caseros de oro.
En total, 42 se abstuvieron, seis votaron en contra y cinco se ausentaron. Se necesitaban 53 votos, pero solo se lograron 27. De este modo, el pedido fue remitido al archivo.
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El caso caseros de oro
En 2013 fue conocido el caso de los caseros de oro, mediante publicaciones periodísticas que evidenciaron que el diputado colorado José María Ibáñez utilizó a tres personas que trabajaban cuidando su quinta en Areguá para cobrar ilícitamente de la Cámara Baja.
Ibáñez gestionó la contratación de Fabio Gómez, Viviana Falcón y Éver Falcón, quienes firmaron –el 12 de agosto de 2013– contratos como auxiliares administrativos con un sueldo de G. 2.500.000 cada uno.
Sin embargo, según los registros del recinto legislativo, hasta noviembre de dicho año los mismos no se presentaron a trabajar, aunque firmaron planillas de entrada y salida que fueron certificadas, tanto por Ibáñez como por su ex jefa de gabinete, María Liz Gutiérrez, también acusada por el Ministerio Público, al igual que la esposa del legislador, Lorena Plabst, ya que los cheques se depositaron en su cuenta.
En 2017, tras un largo proceso, la defensa del legislador planteó una salida y la Fiscalía se allanó. Así, Ibáñez logró su blanqueo con la resolución del juez Julián López, quien determinó el sobreseimiento con el pago de G. 30 millones y la compra de un generador para el leprocomio Santa Isabel y otras donaciones que totalizan unos G. 5 millones.
