El Gobierno venezolano de Juan Guaidó envió este miércoles una carta pública al medio The Washington Post, en la que explica los mecanismos de control utilizados para detectar y rechazar cualquier gestión que pudiera lesionar los intereses de Venezuela.
Esto, tras una publicación del medio estadounidense en el que revelaba una serie de dudosos contratos para intentar recuperar los activos del país que se encuentran en el exterior, como deudas, autos y casas.
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En ese sentido, se detallaba un acuerdo con Paraguay, por la deuda que Petróleos Paraguayos (Petropar) mantiene con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que ronda los USD 269 millones. El acuerdo era sumamente beneficioso para Paraguay, ya que pagaría la deuda con una quita del 50% del capital, además de no correr con los gastos e intereses.
No obstante, de aprobarse, hubiesen existido dudas sobre la legitimidad del mismo, ya que Guaidó es el presidente reconocido por el Gobierno de Mario Abdo, pero Nicolás Maduro es quien en la práctica gobierna a Venezuela.
También se contemplaba en el acuerdo con Paraguay una comisión de USD 26 millones para el abogado argentino Sebastián Vidal, vinculado llamativamente al empresario deportivo, Carlos Abdo, tío del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.
El jefe del Gabinete Civil de Paraguay, Juan Ernesto Villamayor, en defensa del Gobierno sostiene que desde un inicio manifestó al emisario de Juan Guaidó, Javier Troconis, sobre el inconveniente de la legitimación de acreedores.
Aun así, existen una serie de contradicciones sobre el avance del acuerdo y quien finalmente lo presentó y rechazó. El Gobierno de Abdo Benítez asegura que ellos pusieron freno al acuerdo, mientras que Guaidó sostiene lo mismo.
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“Dicha propuesta, tras ser evaluada, fue rechazada por la Procuraduría Especial de Venezuela, la junta ad-hoc de Pdvsa y el presidente interino, tras considerar que no cumplía con las condiciones satisfactorias para la República, tanto por el porcentaje de quita planteado, como de la comisión estipulada para el abogado. Es fácilmente comprobable que ningún acuerdo o contrato se celebró y, por ende, no existió ninguna erogación o comisión”, manifestó Guaidó en una carta al Post.
El Gobierno paraguayo por su parte afirma que el acuerdo nunca corrió y que fueron Javier Troconis y Sebastián Vidal los que presentaron el borrador, en representación de Guaidó.
Las reuniones se iniciaron en diciembre del año 2019 y en marzo del 2020 Villamayor reenvió el borrador a Venezuela para que sea estudiado, el mismo que supuestamente el Gobierno de Guaidó presentó.
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Una de las principales críticas al acuerdo es que se mantuvo nuevamente en secreto, como el acta bilateral de Itaipú, que derivó en un escándalo, renuncias de ministros y altos funcionarios y el inicio de un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y el vicepresidente, Hugo Velázquez, que fue rechazado.
Ahora, nuevamente, se vuelve a amenazar en el Senado al Gobierno de Abdo Benítez con la figura del juicio político, ya que el acuerdo, el cual no corrió, estaba siendo manejado solo por el primer anillo de Abdo Benítez, entre ellos la ex presidenta de Petropar, Patricia Samudio, y el ex procurador Sergio Coscia, quienes renunciaron ante denuncias de corrupción.
También se menciona al hermano del presidente, Benigno López, quien se desempeñaba como ministro de Hacienda.
