Después de la experiencia que la población experimentó en la primera semana de octubre, caída de granizadas de inusual tamaño y destrozos que causó la tormenta en diversas zonas del país, más que nunca se hace necesario que el Gobierno explique sus planes para afrontar los contratiempos que seguirá causando el fenómeno El Niño. La población tiene derecho a vivir en un ambiente seguro.
Con respecto al fenómeno El Niño, que ya ha estado dando muestras de su potencial, se deberá admitir que el Paraguay no está lo suficientemente preparado para enfrentar una emergencia como la que potencialmente puede suceder en las próximas semanas y meses.
Así lo demostraron los eventos meteorológicos de la primera semana de octubre, cuando se registraron gigantescos granizos y fuertes tormentas con lluvias. Estos fenómenos no solo afectaron a los productores, sino que también provocaron destrozos y pérdidas materiales. Tal fue el caso de cientos de familia de Asunción y su área metropolitana, que sufrieron la caída de granizo que destrozaron el techo de la casa y vehículos.
Como estaba previsto y fue anunciado, Paraguay se encuentra entre los tres países que tendrán un mayor impacto económico debido al fenómeno climático El Niño. Un informe del Banco Mundial hablaba de que afectará a la producción y que podría incidir en la suba de los precios.
“El Niño plantea riesgos adicionales a la baja, ya que las sequías en algunas partes de la región y las inundaciones en otras podrían afectar la producción y aumentar las presiones sobre los precios, con Ecuador, Paraguay y Argentina, potencialmente enfrentando los mayores impactos”.
Meses antes, y ante el anuncio de la llegada de El Niño, el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional había dicho que en nuestro país el fenómeno se suele manifestar con lluvias intensas que por sí solas pueden causar inundaciones en puntos críticos de Asunción o ciudades del Departamento Central, que además las lluvias causan un aumento de los cauces de arroyos que desembocan en el río Paraguay pudiendo generar inundaciones en zonas ribereñas. Por eso se explicó la importancia de comenzar con la limpieza de cauces hídricos en los que frecuentemente hay basura arrojada por los vecinos y anunció reuniones con intendentes del Departamento Central para concienciar a las autoridades a fin de hacer trabajos preventivos. Esta tarea educativa de los municipios debería ser cotidiana, porque de hecho son las autoridades más cercanas a las personas. Y tampoco se puede culpar a la gente por arrojar basura a los arroyos, cuando los municipios no establecen controles ni penas a los infractores, y muchas veces no resuelven el problema de la basura.
En la zona Sur del país, los estragos ya se sienten; hay familias evacuadas, ciudades que ya han quedado bajo agua, y los pequeños productores muestran preocupación porque sus animales deben ser alimentados, a la par de buscar refugios para mantenerlos a salvo. El río Paraná continúa creciendo y ya dejó más de 3.000 damnificados en Ayolas y Misiones.
Como señalan desde la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres, están realizando un seguimiento constante del fenómeno, y estiman que hay una probabilidad de más del 90% de que sea un evento sumamente fuerte para finales de 2026 e inicios de 2027, pues el fenómeno está teniendo un comportamiento totalmente distinto a lo que en Paraguay siempre se daba.
Este es el momento en que el gobierno central y los municipios muestren los planes que han estado promocionando y asistan a las comunidades necesitadas.
Otro punto que no se puede soslayar es que nuestro país no tiene un sistema de alerta temprana para la población; de hecho que está prácticamente a ciegas ante las tormentas. Esto se da por la falta de previsión de nuestras autoridades; recordemos el reciente temporal que llegó acompañado de una inusual granizada que no solo afectó el interior del país, sino que también dejó secuelas materiales en viviendas y vehículos en Asunción y Central.
En cuanto a los radares, uno que ellos están instalado en el predio de la UNA y está en mantenimiento; otro que estaba previsto para la zona sur del país, que ayudaría a monitorear las tormentas que se desplazan desde la Argentina hacia nuestro país, ha quedado sin financiación.
Nos encontramos ante una grave situación, y es tiempo de que el Gobierno reaccione, que autoridades y funcionarios pasen de los discursos a la acción. La población del país tiene derecho a estar informada y a vivir en un ambiente seguro.
