El Frente Guasu manifestó que el Poder Judicial tiene la obligación de rever “el grosero prevaricato en caso que mantiene irregularmente presos a jóvenes paraguayos”, quienes se encuentran procesados por la quema de Colorado Róga, un local de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En el comunicado expresan que los abogados defensores de los tres jóvenes, identificados como Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco, presentaron una apelación ante el fallo de la jueza jueza Hilde Benítez Vallejos, quien ordenó la prisión preventiva de los estudiantes.
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“El Tribunal de Apelación compuesto por los jueces Gustavo Santander Dans, Gustavo Ocampos González y Pedro Mayor Martínez tiene la obligación de corregir este aberración jurídica”, menciona el texto.
El Frente Guasu además manifiesta que el Paraguay vive hoy momentos dramáticos, además de toda la crisis sanitaria, económica y social, “producto de un gobierno colorado corrupto e inepto, que continúa aferrado al poder”.
Además afirma que existe una clara intención de criminalizar cualquier expresión que exija cambios y se manifieste en contra de sus políticas.
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También señalan que “en total contravención a los principios procesales más básicos del Derecho, y sin ningún fundamento válido”, la jueza colorada, Hilde Benítez Vallejo, resolvió días atrás la prisión preventiva de los jóvenes estudiantes, quienes están acusados de estar vinculados a la quema de parte del local de la ANR, en el marco de las protestas producto de la indignación, ante la corrupción y abusos del gobierno colorado de Abdo Benítez, y que tuvieron lugar días atrás.
“Hasta el momento los elementos arrojados por el fiscal cartista Lorenzo Lezcano resultan absolutamente insuficientes, tanto para probar cualquier elemento contundente en la imputación que sostiene, y más aún para solicitar la prisión preventiva de estos jóvenes”, expresa parte del comunicado.
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Por último, hacen un llamado a toda la sociedad, como a la comunidad internacional y organismos internacionales a seguir la situación que vive el país, y específicamente este caso, que según afirman “evidencia a todas luces que nuestro país tiene órganos fiscales y judiciales que funcionan como guardaespaldas de la mafia, y de un Poder Ejecutivo corrompido, y que en la actualidad es responsable de la grave crisis, sanitaria, económica y social que está exponiendo la vida de miles de compatriotas”.
Los fiscales María Estefanía González y Lorenzo Darío Lezcano ordenaron la detención e imputación de los jóvenes el pasado 19 de marzo por los supuestos hechos de riesgos comunes, perturbación a la paz pública, daño a cosas de interés común, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
