El fiscal Federico Delfino de la Unidad Especializada de Antisecuestros acusó a los agentes policiales Víctor José Luis Velázquez Vera, Liz Marlene González Belotto, Juan Javier Arévalos Sosa y solicitó elevar la causa a juicio oral y público.
El representante del Ministerio Público acusó a los policías por los presuntos hechos de privación de libertad, extorsión, extorsión agravada, asociación criminal, frustración a la persecución y ejecución penal, realización del hecho por funcionario, cohecho pasivo agravado.
Según el fiscal, se reunieron suficientes elementos para sostener la acusación contra los mismos y solicitar la elevación de la causa a juicio sustentados en las pruebas documentales, testificales y las evidencias colectadas en la etapa investigativa, que demuestran la autoría de los acusados en los hechos investigados.
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De acuerdo con la Fiscalía, los efectivos policiales de la Brigada Central del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles, con sede en San Lorenzo, habrían extorsionado y privado de su libertad a sus víctimas, durante el ejercicio de sus funciones.
Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo Ramón Peralta Acosta y Mirtha Isabel Torres, quienes poseían varias órdenes de capturas por estafa, situación utilizada por los acusados para coaccionar y extorsionar a las víctimas.
Los uniformados habrían exigido la suma de G. 50 millones a cambio de no dar cumplimiento a las órdenes judiciales y fiscales de captura. Además de amenazarlos con involucrarlos en otros hechos punibles, incluso amenzándolos de muerte.
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El hecho se registró el pasado 3 de febrero de este año, cuando la pareja fue privada de su libertad, tras ser interceptados en la vía pública para luego trasladarlos y retenerlos dentro de una sala, en la base de la Brigada Central del Departamento de Hechos Punibles de la Policía Nacional, donde habrían exigido el pago correspondiente.
La transacción fue realizada por la hija de la mujer, quien fue citada en las inmediaciones de una empresa de gaseosas, ubicada en la Avenida Sinalco, de la misma ciudad, donde entregó el dinero a una de las víctimas para el pago correspondiente, mientras la mujer seguía en la Brigada Central.
Las víctimas fueron liberadas horas más tarde, pero antes el señor Peralta fue obligado a firmar papeles en blanco que posteriormente fueron llenados por los acusados como un acta policial.
