La fiscala Alicia Sapriza fue quien formuló acusación contra cuatro ciudadanos por el tráfico y venta ilegal de armas de guerra.
Los acusados fueron identificados como Dionicio Caballero Aquino, Fidel Antonio Cabrera Aquino, Delfor Aníbal Portillo Recalde y Diego Javier Martínez Meza, a quienes se les atribuye la coautoría en los hechos punibles de asociación criminal, detentación, tráfico ilícito y hechos punibles conexos al tráfico ilícito.
Con la acusación, el Ministerio Público solicita que la causa sea elevada a juicio oral.
El caso guarda relación con una investigación que se realizó en mayo del año pasado, donde se iniciaron acciones para conocer acerca de ofertas de armas de fuego de forma clandestina, específicamente del tipo AKA47 y M4, por montos de USD 11.000.
En el marco de las investigaciones se llegó hasta los oferentes, quienes habían concretado transacciones con terceras personas en la ciudad de Lambaré, Departamento Central.
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Agentes fiscales y policiales habían realizado allanamientos en la ciudad, que dieron como resultado la detención de los acusados, más la incautación de tres fusiles de guerra, los cuales, según las informaciones manejadas, tendrían como destino grupos criminales que operarían en el Norte del país.
Los cuatro acusados captaban compradores dentro del mercado clandestino de venta de armas de fuego, preferentemente de guerra, adquiriéndolas también de manera ilícita, por lo que el Ministerio Público, apoyado en los elementos de prueba existentes, demostrará su participación en los hechos punibles de los que hoy se les acusa.
El negocio de armas en Paraguay tiene como principales mercados “negros” de comercialización, los dos principales países vecinos, Brasil y Argentina.
