La fiscala Silvana Otazú investiga el supuesto robo de G. 1.000 millones que afectó a una empresa constructora, que habría sido víctima de estafa por medios telemáticos, que, al parecer, sufrió el hackeo de su correo electrónico.
“Inicialmente, la denuncia la realizó el señor Gerardo Wasmosy, que es el titular de la empresa WA Construcciones. Tenían dos cuentas. El oficial de cuentas le avisó que tenían una línea de crédito habilitada y que cuando quieran le podrían acreditar directamente”, comenzó diciendo la fiscala, en comunicación con radio Chaco Boreal 1330.
La agente del Ministerio Público agregó que la empresa aceptó la propuesta y que se le acreditaron G. 1.000 millones, monto que debía ser destinado a proveedores; sin embargo, el monto fue a parar a otra cuenta.
La investigación refiere que el oficial de cuentas proporcionó un PIN al correo de la empresa que habría sido víctima de ataque cibernético.
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El hombre que recibió el dinero es Andrés Ariel Alegre, quien quedó detenido y está imputado por el supuesto hecho punible de estafa por sistema informático y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.
Alegre se defendió diciendo que su cuenta también fue vulnerada y que no tuvo intenciones de robo. El hombre devolvió la suma de G. 600 millones al denunciante, pero queda otro monto, que ya no pudo devolver. La fiscala señaló que el banco debitó a Alegre la suma de G. 300 millones por deudas de tarjetas de crédito.
“La imputación es por la sospecha que estaba reteniendo un dinero que no fue producto de ninguna transacción”, explicó la fiscala.
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Los investigadores no pueden determinar aún quiénes fueron los autores del acceso indebido al correo electrónico, pero se presume que son extranjeros.
La fiscala Otazú advirtió que se están dando muchos casos de estafas de este tipo y exhorta a los usuarios a no proporcionar datos personales, como contraseña o número de cuenta, que pueden ser utilizados por los delincuentes.
