La Contraloría remitió hace una semana ocho dictámenes de correspondencia al Ministerio Público sobre jueces de Paz de la capital. Además, informó lo propio también a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), atendiendo que la máxima instancia judicial también los solicitó.
Conforme al análisis de correspondencia de bienes, tres jueces de Paz no lograron justificar de manera fehaciente el crecimiento de sus patrimonios y se detectaron omisiones relevantes. Así también, de ocho magistrados, cinco presentaron irregularidades en sus declaraciones juradas, omisiones y errores, por lo que solicitaron que se corrijan. No obstante, la Contraloría ya los remitió para que el Ministerio Público analice si se configuró algún hecho punible ante la posible declaración falsa.
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Estas medidas buscan establecer con objetividad la evolución patrimonial de los jueces, comparando sus ingresos legalmente comprobados con la variación de sus bienes, además de considerar información de inteligencia financiera proporcionada por Seprelad.
Casos más graves
Las magistradas Liliana González de Bristot, Nathalia Garcete y Analía Cibils no pudieron justificar su crecimiento patrimonial.
Entre ellas, el caso más comprometido es el de Cibils, quien registró un aumento patrimonial sin sustento en un periodo de seis años, entre 2012 y 2018, y posteriormente, durante su gestión como jueza de Paz de 2019 a 2024, que fue el periodo donde se detectó mayor crecimiento patrimonial.
El órgano contralor constató estas irregularidades en una lista de ingresos y egresos por año, a los efectos de cruzar con un informe de inteligencia de Seprelad.
El monto no justificado por Cibils asciende a G. 836.212.627 (2012-2019), cifra que podría incrementarse considerablemente si se procede a la tasación de las construcciones visualizadas a través de imágenes satelitales, informes municipales, entre otros.
Además, no se logró acceder a la totalidad de los documentos relacionados con los egresos, según consta en el informe.
Asimismo, se resalta que existen documentaciones sin fecha cierta ni certificación de firmas por escribano público, lo cual podría indicar una producción falsa de documentos al solo efecto de intentar justificar las inconsistencias.
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Por otro lado, la magistrada Natalia Garcete tiene un patrimonio no justificado de G. 230 millones, derivados de algunas inversiones. No obstante, argumentó que dichas inversiones fueron realizadas por su esposo. Se pudo corroborar que su cónyuge cuenta con ingresos suficientes durante el periodo analizado para dicha inversión, pero al estar casados bajo el régimen de separación de bienes y los bienes en condominio, no fue posible establecer con claridad quién realizó la inversión debido a la falta de documentación.
Finalmente, la ex jueza Liliana González de Bristot también presenta un crecimiento patrimonial con omisiones relevantes.
La Contraloría adelantó que los exámenes patrimoniales continuarán, extendiéndose a actuarios y ujieres que actualmente se encuentran bajo evaluación.
