Rafael Filizzola, senador del Partido Democrático Progresista (PDP), describió una serie de debilidades del informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre el examen de correspondencia patrimonial del presidente de la República, Santiago Peña.
Se refirió principalmente al periodo comprendido entre el 2017 y 2023 que la Contraloría reconoce como un “intervalo privado” que no está sujeto al control patrimonial directo.
Coincidentemente en esos años su patrimonio saltó de G. 1.300 millones a G. 23.000 millones, un hecho de suma relevancia teniendo en cuenta que con el último monto puede tener un acceso privilegiado a estructuras financieras, así como valorizaciones societarias y oportunidades normalmente reservadas a actores con enorme capacidad económica, relacional y política, de acuerdo con el análisis de Filizzola.
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El opositor denominó a estos años como un “periodo oscuro” de acumulación del presidente en que resulta insuficiente el informe de la Contraloría para reconstruir cómo se produjo su mayor riqueza.
Consideraciones sobre el examen de correspondencia de Santiago Peña. 🧵
— Rafael Filizzola (@FilizzolaRafael) May 26, 2026
El informe de la Contraloría intenta instalar la idea de que la denuncia quedó completamente desacreditada.
Sin embargo, una lectura atenta del propio documento denota que la CGR no investigó realmente el…
Para el senador, otro aspecto muy llamativo es que la Contraloría no desarrolla el componente relacionado con el régimen de personas expuestas políticamente (PEP), teniendo en cuenta que Peña seguía bajo un régimen reforzado de monitoreo financiero derivado de las normas de prevención de lavado de activos, dentro de los dos años posteriores a su renuncia como ministro de Hacienda.
“Eso significa que una parte importante de las operaciones realizadas inmediatamente después de abandonar el cargo debieron permanecer sometidas a controles reforzados de debida diligencia y monitoreo financiero”, expresó acerca de la regulación vigente de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
En ese sentido, advirtió que el periodo excluido en el examen de correspondencia no estaba completamente “libre de control”.
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El senador cuestionó que no se reconstruyó empíricamente el nivel de vida, consumo efectivo, los gastos personales ni las erogaciones reales y tampoco surgen informaciones detalladas sobre sus declaraciones de IVA, impuesto a la renta empresarial (IRE), consumos bancarios, entre otros.
“La CGR parece asumir que, si una inversión existe y genera dividendos o intereses, esos rendimientos pasan automáticamente a integrar la capacidad económica del sujeto. Pero del documento no surge con claridad si se verificó exhaustivamente que cada uno de esos flujos haya sido efectivamente percibido, acreditado y disponible en caja. Eso hubiese sido útil para la trazabilidad del pago a la contratista que desarrolló el proyecto de su casa de San Bernardino”, siguió criticando el opositor.
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Para Filizzola es además preocupante la instalación pública de la idea de que “correspondencia patrimonial” equivale automáticamente a inexistencia de delito o falta de sustancia de la denuncia penal, cuando no son conceptos equivalentes.
Asimismo advirtió que el informe de la Contraloría no puede convertirse en sustituto de la investigación penal o en un fundamento para desestimar una denuncia de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o tráfico de influencias.
“La Fiscalía no debe limitarse a verificar si los números cierran administrativamente. Su obligación es investigar el origen real de los fondos, posibles conflictos de interés, acceso privilegiado a oportunidades financieras, estructuras societarias, trazabilidad bancaria efectiva y eventuales mecanismos de ocultamiento patrimonial; es decir, corroborar los hechos expuestos en la denuncia penal. Precisamente por ello una auditoría administrativa de correspondencia no puede reemplazar una auditoría forense penal”, argumentó.
En la misma línea dijo que se debe realizar una investigación profunda, utilizando herramientas propias de auditoría forense para reconstruir integralmente el origen económico y financiero del patrimonio de Peña.
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"¿Quién financió a Peña?”
En la misma línea se pronunció la senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), que resaltó el llamativo crecimiento de 1.600% entre el 2017 y 2021.
“La pregunta no es solo cuánto creció el patrimonio de Peña. La pregunta es quién lo financió, con qué garantías, bajo qué condiciones y qué recibió después ese grupo empresarial del Estado paraguayo”, lanzó en sus redes sociales.
¿Genio de las finanzas, milagro o tráfico de influencias?
— Esperanza Martinez (@esperanza_py) May 26, 2026
Allá por el 2017, Santiago Peña decía que vivía en la casa de su hermano y que su patrimonio se limitaba a dos autos. Hoy tiene una mansión de un millón de dólares, otros inmuebles y otra calidad de vida, todo gracias a… pic.twitter.com/DcjHiwbNYv
Recordó que justamente en el 2017 Santiago Peña había comentado que vivía en la casa de su hermano, que su patrimonio se limitaba a apenas dos autos.
“En el camino aparecen acciones, préstamos, rescates y un holding financiero cuyo nombre salta en cada gran negocio con el Estado. Al contralor (Camilo Benítez), en proceso de ser reelecto, le cuadró la planilla y caso cerrado. ¿Ahora qué hará la Fiscalía? ¿Investigará todo? ¿El trato preferencial, el conflicto de interés o el posible uso del poder para hacer negocios?”, arremetió.
