El Examen de Correspondencia realizado a las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña ya se encuentra en poder de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía. El documento fue remitido por la Contraloría General de la República (CGR) en el marco del escándalo que salpicó al mandatario y a su esposa, Leticia Ocampos, en el 2025 por el hallazgo y desaparición de supuestos sobres con dinero en dólares en Mburuvicha Róga, caso conocido como los “sobres del poder”. Tras el escándalo, un grupo de parlamentarios de la oposición presentaron una denuncia penal en la que señalan supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato. Remarcaron una brecha de crecimiento económico de unos G. 21.672 millones.
Tampoco se explica cómo pudo pagar la mansión de Peña en San Bernardino, construida en un terreno a nombre de otra persona.
El mandatario, por su parte, solicitó a la Contraloría una revisión integral de sus DDJJ tras la denuncia de la oposición.
Sin evidencia. La Contraloría dictaminó que existe correspondencia entre lo declarado por Peña y la información que figura en los registros institucionales constatados en dos periodos, por lo que “no se han identificado elementos que configuren el incremento patrimonial no razonable o no proporcional a los ingresos lícitos del declarante”, concluye.
Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas, detalló en diálogo con Radio Monumental 1080 AM que los análisis del organismo de control se centraron en dos etapas. El primero, del 2014 al 2017, abarca el tiempo en que Peña se desempeñó como director del Banco Central del Paraguay (BCP) y su posterior gestión como ministro de Hacienda en la administración Horacio Cartes.
El segundo periodo de análisis fue desde su asunción hasta setiembre del 2025, mes en que el mandatario presentó una actualización en sus declaraciones juradas.
Para estudiar documentaciones correspondientes a tres años y dos meses, los técnicos de la Contraloría utilizaron el método de margen residual, el cual arrojó que existe correspondencia en el periodo del 2014 al 2017. “No hubo un incremento patrimonial llamativo o importante en ese periodo”, acotó.
En el lapso de seis años, desde 2018 hasta el 2023, el presidente de la República tuvo un crecimiento patrimonial de “poco más de G. 22.000 millones”, de acuerdo con el funcionario de la Contraloría. Sin embargo, la CGR no tiene competencia para analizar a personas por fuera de la función pública.
- 21.672 millones de guaraníes fue el crecimiento económico de Santiago Peña, registrado en solo seis años, de 2018 al 2023.
- 2 millones de dólares le costó a Santiago Peña su mansión en San Bernardino, que lo está pagando con un préstamo del ueno bank.
