Durante su intervención en la sesión de la Cámara Baja, el diputado Raúl Benítez fue tajante al señalar que el mayor incremento patrimonial de Santiago Peña ocurrió entre los años 2017 y 2023, periodo en el que su patrimonio registró un salto del 1.600%. Según los cálculos presentados, el mandatario incrementó su riqueza en un promedio de G. 3.600 millones por año; es decir, G. 300 millones al mes.
“Santiago Peña necesitó 47 años de presidencia para poder tener ese crecimiento patrimonial”, afirmó Benítez, comparando la cifra con los 35 años de la dictadura de Stroessner para ilustrar la magnitud del monto embolsado en apenas seis años. El legislador criticó que mientras el país vive una “economía de guerra”, el presidente muestra una “magia de finanzas” que no se refleja en su gestión.
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Habló también de la disparidad de criterios de la CGR. Benítez comparó el caso de Peña con el del ex titular de Petropar Eddie Jara, a quien la Contraloría sí analizó el periodo 2017-2023. En contraste, en el caso del presidente, la institución habría alegado no tener facultades o elementos para examinar esos mismos años.
“¿Por qué se da esa diferencia con el presidente de la República y Eddie Jara?”, preguntó y señaló que la Contraloría analizó la declaración jurada de Eddie Jara del 2023 para ver si existe correspondencia con sus ingresos tributarios declarados ante DNIT del 2017 al 2023. “Con Peña se limita a decir que Contraloría no tiene la facultad para poder examinar esos años”, comparó.
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La resolución aprobada solicita la copia íntegra del Dictamen de Correspondencia Patrimonial, incluyendo anexos, hojas de trabajo y todas las notas de intercambio con el Ejecutivo.
El pedido de informe también pone bajo la lupa una propiedad en San Bernardino. Los legisladores solicitan documentos que respalden pagos de USD 900.000 a la constructora Gómez Abente, realizados a través de extractos de ueno bank y actas de ueno holding SAECA; asimismo, el informe sobre el estado actual de la Fase 3 del contrato con Gómez Abente de USD 300.000, registrado como pasivo pendiente al 30/09/2025, e indicación del origen de los fondos utilizados para su cancelación. También se solicita una constancia de si la Municipalidad de San Bernardino respondió o no al oficio de la CGR, y en caso negativo, qué documentación alternativa fue utilizada para verificar la regularidad de la edificación de Peña.
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Benítez cuestionó por qué la Contraloría aceptó que la Municipalidad de San Bernardino no envíe documentos sobre la propiedad, en lugar de recurrir a instancias judiciales como se hizo en otros casos. Además, señaló como “llamativo” que el banco ligado al presidente sea el que otorgue los préstamos y que aún figure una deuda de USD 300.000 por una casa que Peña posee hace años.
El pedido de informe establece un plazo de 15 días hábiles para que la CGR remita la documentación solicitada en formato digital. “Este trabajo de la Contraloría no puede ser sinónimo de impunidad... Fiscalía es la que tiene que investigar”, manifestó Benítez.
