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Excombatientes denuncian ante Fiscalía a empresa que explota la quiniela

Representantes de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco presentaron una denuncia penal contra la empresa que explota el juego de la quiniela en el país por apropiación irregular de un impuesto que está destinado a las pensiones de los excombatientes.

Los excombatientes Roberto Villagra Alcaraz y Alejandro Grance Santander, presidente y tesorero de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco, respectivamente, formularon la denuncia el martes ante la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público.

En el documento presentado a la Fiscalía señalaron que la diligencia es contra la concesionaria de la quiniela de los periodos 2015 a 2019, la empresa TDP SA, de Tu Quiniela Teete.

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La parte denunciante detalló que la firma no cumplió con lo que establece la ley 431/73 que instituye honores y establece privilegios y pensiones a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco (1932-1935).

El pasado 9 de setiembre reclamaron en una carta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el incumplimiento del inciso a del artículo 32 que contempla que está destinado al rubro de pensiones para los veteranos, mutilados y lisiados de la Guerra del Chaco un impuesto del 10% sobre los beneficios de este juego de azar.

"La UPV Chaco aglutina a los últimos ex combatientes, viudas, herederos y se siente sumamente sorprendida y consternada al haberse enterado que la firma TDP SA se negó a rendir cuentas o aun siquiera, demostrar si efectivamente cumplió o no con la obligación de la ley 431/73", expone el documento de la denuncia.

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"Y mucho más grande fue la sorpresa que al enterarnos de que el ente regulador, Conajzar (Comisión Nacional de Juegos de Azar) no se ha pronunciado hasta la fecha sobre este grave hecho", siguió.

El texto señala además que la empresa que explota la quiniela afirmó en una publicación de un diario capitalino que, efectivamente, no cumplió con la normativa y no haber desembolsado los fondos establecidos, alegando la derogación del principio Solve et repete (uno no está obligado a pagar impuestos, cuando lo impugna).

"Es relevante sostener que el Ministerio de Hacienda durante varios años ha negado el pago de aguinaldo a los herederos alegando que no tenía fondos para dicho efecto", añade la denuncia planteada por presunta apropiación irregular y evasión de impuestos.

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Varias oenegés también se habían pronunciado en contra de TDP SA, por no cumplir el artículo 19 de la Ley 1016/97, que establece que los premios no entregados por no presentarse el ganador a los 60 días del sorteo serán destinados totalmente a instituciones de beneficencia debidamente reconocidas.

Asimismo, los quinieleros denunciaron que soportan malas condiciones laborales con la empresa. Por ello, el miércoles resolvieron pedir al Senado que se apruebe un proyecto que les permita recuperar el 25% de ganancia, ya que en la pandemia se redujo un 5% del porcentaje.

Firma mantiene que ley está derogada

Jacinto Estigarribia, directivo de la empresa TDP SA, mencionó en comunicación con Última Hora que está derogada la ley que argumenta la denuncia de los representantes de la Unión Paraguaya de Veteranos del Chaco. Además, acotó que no afecta a la firma y que el impuesto exigido deben aportar los apostadores ganadores.

Dijo que es llamativo el reclamo de los ex combatientes y el de otros sectores -como oenegés y quinieleros- contra la concesionaria, coincidentemente, al momento que vuelve a ganar la licitación para la explotación de la quiniela este mes.

"La empresa se ajustó exclusivamente al cumplimiento de la ley a rajatabla. Ganamos la licitación por un margen muy grande", afirmó. "Es el interés comercial que viene a atacar a una empresa que viene ganando. En todos estos cinco años, un día no nos hemos atrasado", continuó en otro momento.

En este sentido explicó que con relación a los periodos anteriores, TDP SA en el suyo logró generar una suma superior de G. 8.000 millones mensual, de los cuales, un canon del 30% va destinado a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y 19% al Estado.

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