El ex intendente de la ciudad de Lambaré Armando Gómez (2015-2020), acusado por el supuesto desvío de G. 7.315 millones en la Comuna, enfrentará mañana su audiencia preliminar ante el juez Rodrigo Estigarribia, quien definirá si el caso va o no a juicio oral.
El fiscal Eugenio Ocampos lo había acusado por supuesta lesión de confianza y apropiación.
Existen elementos “que demuestran la apropiación de los aportes descontados a los funcionarios permanentes de la Municipalidad de Lambaré, que no fueron transferidos a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, causando un perjuicio”, según la acusación.
Se habla de un esquema “creado y liderado por el ex intendente de la Municipalidad Armando Ramón Gómez y Roberto Paredes”, según el fiscal. Se tomaron como base los informes de la Dirección de Auditoría Interna.
Esta y otras denuncias por supuestas irregularidades hicieron que en el 2020, en plena pandemia, el entonces intendente renuncie a su cargo.
¿Cuál era el modus operandi? Según la Ley Municipal, los aportes jubilatorios, descontados a los funcionarios, deben ser depositados en la Caja.
Allí, el Departamento de Recursos Humanos elabora una planilla de pagos y descuentos, y eso va a la Dirección de Administración de Finanzas, donde se firma el registro, para luego enviar al Departamento de Contabilidad.
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Una vez recepcionada, esta planilla debe volver a Administración de Finanzas, para hacerle firmar al intendente –en ese entonces, Armando Gómez– para el pago de salario y descuentos.
A partir de ahí, la Administración “no elaboraba nunca la orden de pago para la correspondiente transferencia de los aportes descontados “a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal”.
Se dejó pasar así desde el 2015, hasta aproximadamente el 2019, causando el millonario perjuicio, según sospechan. Y la Intendencia terminó debiendo G. 7.315.878.567, monto que está pagando el actual jefe comunal, Rosa Guido González, tras un acuerdo con la Caja.
Todo ese monto que sí se descontó a los funcionarios permanentes, “se mal utilizó" y nunca apareció, según el reclamo desde la propia Municipalidad.
Sobreseimiento provisional para principal sospechoso
El fiscal Eugenio Ocampos había pedido el sobreseimiento provisional para Roberto Éver Paredes, ex director de Administración y Finanzas, alegando que se deben recoger más datos, a fin de comprobar los hechos en su contra.
Pidió tiempo para realizar pericias documentológicas y contables, así como juntar informes y tomar declaraciones a cuatro personas más.
La querella adhesiva, que representa a la Municipalidad de Lambaré, por su parte, sí le acusó, ya que afirma que tuvo una “participación activa” en el esquema.
