19 sept. 2025

Renuncian juez de Paz de Lambaré y defensor que estaban suspendidos

El pleno de la Corte aceptó la renuncia del juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez, y del defensor público, Gustavo Daniel Núñez, ambos suspendidos en sus cargos; el primero por su presunta vinculación con la mafia de los pagarés, y el segundo por haber cobrado sus servicios de forma irregular.

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Aceptan renuncias. El pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió esta mañana.

Foto: Gentileza.

En la sesión del pleno de la Corte Suprema de Justicia, los ministros aceptaron la renuncia presentada por el juez de Paz de Lambaré, José Segundo Velázquez. El magistrado se encontraba suspendido por 30 días por decisión de los miembros del Máximo Tribunal.

En su nota, el magistrado señala que su dimisión es por problemas de salud, por lo que deja el cargo de juez de Paz del Distrito de Lambaré.

Velázquez había sido suspendido junto con la magistrada de Paz de Villa Elisa, Marta Beatriz Benítez, debido a que una auditoría había detectado que en 2.878 expedientes, donde intervenían los mismos abogados, la magistrada fue recusada sin expresión de causa, luego de que los juicios hayan estado ya en una avanzada etapa.

Así, los juicios iban al Juzgado de Paz de Lambaré, a cargo de Velázquez, sin que este impugnara la inhibición, cuando que ya no correspondía la recusación sin expresión de causa. El caso es una derivación de la mafia de los pagarés. El pedido de suspensión lo había hecho el ministro Eugenio Jiménez.

Además, se habían remitido los antecedentes de los casos a la Superintendencia de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Con la renuncia, quedan sin efecto el sumario realizado ante la Superintendencia y cualquier caso ante el Jurado.

Defensor público

Igualmente, el defensor público Gustavo Daniel Núñez Veloso presentó su renuncia ante el pleno de la Corte. Estaba suspendido sin goce de salario. Los ministros aceptaron su dimisión.

El defensor público, según los antecedentes del caso, supuestamente, recibió un pago de G. 3 millones por servicios prestados, pese a que tiene prohibido por ley recibir una remuneración por fuera de su salario.

El Jurado de Enjuiciamiento había abierto una causa en su contra el pasado 18 de febrero, a raíz de los hechos señalados, los que ahora deben quedar sin efecto, ya que se aceptó la renuncia del citado defensor público.

Más renuncias

Otro que renunció fue el defensor adjunto en lo Penal, César Augusto Cañete, quien presentó renuncia por motivos personales. La renuncia se hará efectiva recién desde el 1 de marzo de 2026, lo que fue aceptado por el Máximo Tribunal.

Igualmente, también presentó renuncia la agente fiscal de Ejecución, Liz Cowan, para acogerse a los beneficios de la jubilación.

Los pedidos fueron aceptados por los ministros de la Corte Suprema, con lo que se declaran vacantes los cargos, y se realiza la comunicación al Consejo de la Magistratura, para que se realicen los trámites correspondientes.

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