El caso de la ex presidenta argentina se suma a otros episodios en los que líderes políticos (marcadamente personalistas) han enfrentado procesos judiciales que dividieron la sociedad en su momento. ¿Puede la legitimidad popular de un líder político eximirlo de controles o límites? ¿Es correcto invalidar un proceso judicial solo porque termina condenando a un dirigente con amplio respaldo popular? Aunque las respuestas parezcan bastante obvias, es precisamente en estos casos donde los principios republicanos y democráticos entran en tensión. La imposición de límites y controles al poder, característica de todo sistema republicano, puede entrar en conflicto con el principio de mayoría propio de la democracia, especialmente cuando esta última se interpreta como poder sin contrapesos.
La crítica a los poderes contramayoritarios, como el Judicial, no puede obviarse en este punto. Una de las principales deudas de las transiciones a la democracia en la región ha sido el fortalecimiento del Poder Judicial, su autonomía e independencia de intereses sectarios o partidarios. Esta debilidad ha decantado en la situación actual de desconfianza generalizada –salvo honrosas excepciones– de amplios sectores ciudadanos sobre los poderes judiciales.
En Argentina, el kirchnerismo y sectores afines, posterior a la sentencia, le pusieron un nombre: “Partido Judicial”. De esta forma, buscan desacreditar un proceso que ha durado aproximadamente 17 años y en el que han intervenido jueces, fiscales y otros operadores de Justicia de distintas instancias judiciales, manteniéndose en todas las instancias un criterio común sobre la culpabilidad de la ex presidenta. No se niegan posibles fallas al debido proceso o incluso motivaciones políticas para fallar en un sentido, pero el fallo está y, guste o no, debe ser cumplido.
En México, recientemente, buscando dar mayor legitimidad popular a la elección de jueces, estos fueron electos por comicios populares. Los efectos de esta arriesgada decisión política podrán verse con el tiempo; sin embargo, algunos indicios no son del todo favorables y podrían agravar problemas actuales vinculados a la falta de independencia judicial, la politización de la Justicia, la captura judicial por poderes fácticos y el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos.
La democracia que prescinde del componente republicano (controles al poder) corre el serio riesgo de derivar en una autocracia, así como, si prescinde del componente mayoritario o de participación popular, se vacía de sentido y deja de ser democracia. Ambas dimensiones son inherentes y necesarias, y deben coexistir para la consolidación de regímenes políticos que promuevan condiciones de convivencia pacífica, ordenada y en libertad.
Como advertía Juan Linz: “La democracia no consiste solamente en elecciones periódicas y libres, sino también en el respeto al Estado de derecho y la limitación del poder mediante instituciones independientes”. Sin esa arquitectura institucional republicana, el poder democrático puede ser fácilmente capturado por mayorías coyunturales o liderazgos mesiánicos.
