Existen problemas que por su magnitud y por su urgencia deberían estar por encima de los intereses sectoriales y de las diferencias políticas coyunturales. La energía es uno de ellos.
Este es un tema que desde hace varios años y en diferentes espacios de Dende lo venimos debatiendo y no deja de sorprendernos que existiendo muchos más consensos que disensos, no hemos sido capaces de convertir los mismos en una política de Estado y en acciones.
El primer consenso es que al ritmo de crecimiento de nuestra demanda eléctrica hacia el año 2030 el Paraguay utilizará gran parte de toda su capacidad disponible de generación.
El crecimiento económico, la industrialización, la expansión del consumo residencial y, sobre todo, la llegada de nuevas inversiones en los últimos tres años, incluso pueden adelantar el problema para el 2028.
El segundo consenso es que durante los últimos cincuenta años hemos disfrutado de un extraordinario excedente energético gracias principalmente a Itaipú y en menor medida a Yacyretá.
Y que esta bonanza hizo que no nos preocupáramos de construir instituciones imprescindibles para hacer frente a la llegada –tarde o temprano– del invierno energético. Somos conscientes de que actuamos como la cigarra, del famoso cuento de La cigarra y la hormiga.
También hay un tercer consenso sobre lo que ahora sí debemos hacer: Invertir fuertemente y rápidamente en generación, transmisión y distribución. Y que el Estado no tiene los recursos fiscales necesarios para afrontar tamaña inversión.
Y tampoco la ANDE tiene la capacidad financiera para tamaño desafío debido a que su tarifa, desde hace décadas, ha sido política y no técnica no permitiendo cubrir adecuadamente sus costos y sus necesidades de inversión de largo plazo.
Por eso, también existe un cuarto consenso en que la única salida ante este problema es abrir las puertas al capital privado. Pero para que el sector privado invierta en infraestructura energética de largo plazo, se necesitan reglas claras, estabilidad y previsibilidad.
Para que eso sea una realidad, es imprescindible la creación de un verdadero Ente Regulador independiente –no la ANDE– con capacidad técnica y autonomía, que garantice una política energética estable y una tarifa técnica que permita recuperar las inversiones necesarias.
Mientras construimos la nueva institucionalidad debemos, de una vez por todas, terminar de cerrar las negociaciones del nuevo Anexo C de Itaipú –que deberían haberse cerrado en el año 2023– porque sin esa definición es imposible planificar las tarifas de largo plazo.
Paralelamente, a las negociaciones del Anexo C también debemos negociar con el Brasil un acuerdo de intercambio energético –similar al que tienen con la Argentina y el Uruguay– que nos permitirá comprar o vender energía al país vecino. Hasta aquí, los consensos parecen muy claros. Los disensos comienzan cuando debemos decidir qué hacer mientras se construye la nueva arquitectura energética y llegan las nuevas inversiones.
¿Debemos seguir promoviendo la instalación de criptominerías y otras actividades de enorme consumo eléctrico? ¿Debemos continuar atrayendo industrias electrointensivas sin tener asegurada la energía para toda la sociedad? ¿Debemos comenzar a restringir o racionalizar el consumo actual con un esquema de tarifas diferente hasta que aumentemos nuestra capacidad de generación?
No hay respuestas sencillas para estas preguntas. Por un lado, el Paraguay necesita seguir recibiendo inversiones para industrializarse y crecer, pero por el otro lado, sería una irresponsabilidad seguir promoviendo la llegada de nuevas empresas cuando tenemos un horizonte tan corto de problemas energéticos.
Discutamos los disensos, pero decidamos e implementemos los puntos en los que hay consensos porque la crisis energética se avecina rápidamente y su impacto económico, social y político va a ser enorme.
Aún tenemos tiempo, pero cada vez es más corto.
