Susana Reina
Latinoamérica21
La democracia se arruinó cuando las mujeres empezaron a votar”; “Las mujeres votan por sus emociones, no por la razón”; “El sufragio femenino fue un error”; “Las mujeres deberían perder el derecho al voto para salvar la civilización”… En foros digitales, podcasts y algunas concentraciones públicas ha comenzado a tomar forma un discurso extremista, hasta hace poco impensable, sobre la idea de retirar a las mujeres el derecho al voto.
Estos mensajes, dichos en tono provocador, se han difundido recientemente en redes sociales buscando influir a hombres jóvenes y haciéndose eco de la retórica misógina que hemos visto aumentar en los últimos meses.
Algunas figuras públicas o políticas han apoyado estas posturas, cosa que ha generado controversia al poner en duda derechos civiles tan fundamentales.
En Estados Unidos, por ejemplo, existe un movimiento en redes sociales denominado #Repealthe19th que aboga por derogar la 19ª Enmienda de la Constitución y así restringir o eliminar el derecho al voto de las mujeres en ese país.
Aunque su alcance real sigue siendo limitado, la circulación transnacional de estos mensajes es síntoma de la radicalización de ciertos espacios de hombres que, alimentados por frustraciones económicas, culturales y políticas o por una “masculinidad herida”, buscan resignificar los valores y las reglas básicas de la democracia.
Estos movimientos, a menudo asociados a la derecha ultraconservadora, posicionan el empoderamiento femenino y los derechos reproductivos como amenazas a una cultura cristiana o nacionalista, utilizando el concepto de “reemplazo” no solo demográfico, sino cultural. Buscan revertir derechos adquiridos al presentar la autonomía de las mujeres como una forma de división social, y a eso lo llaman “ginocentrismo”, una palabra que no aparece en el diccionario pero que busca instalar la idea de que el feminismo es un movimiento vengativo.
El problema es que el argumento funciona como herramienta movilizadora porque ofrece una explicación fácil y emocionalmente potente para quienes perciben una pérdida de estatus. Esta corriente busca limitar la participación política femenina basándose en la creencia de que el hombre ostenta la autoridad máxima familiar y que las mujeres no están destinadas a la esfera pública.
O sea, una vuelta al modelo tradicional de la división sexista público-privada.
Este tipo de exclusión no es meramente teórico. Tenemos el caso de diversas comunidades indígenas de México, particularmente aquellas que se rigen por sistemas normativos internos, conocidos comúnmente como “usos y costumbres”, donde se han documentado numerosos casos en los que hombres limitan o impiden la participación política de las mujeres, alegando la preservación de sus tradiciones. Es violencia política, no el rescate de valores tradicionales, que pareciera que grupos de hombres civilistas y privilegiados quieren copiar.
Plataformas digitales como Reddit, X o YouTube han permitido la proliferación de comunidades donde confluyen corrientes dentro de la llamada manosfera o machosfera, el activismo incel (célibes involuntarios) o el movimiento tradwife (esposa tradicional), que siguen expandiéndose y generando debate sobre el papel que, según ellos, deben jugar las mujeres en la sociedad actual.
Algunos actores vinculados a movimientos ultranacionalistas y autoritarios encuentran en este tipo de discurso una herramienta útil para polarizar y movilizar a las bases. Por ello, la deslegitimación del voto femenino se inserta en un marco más amplio de cuestionamiento a instituciones democráticas, medios de comunicación y sistemas electorales. No es casualidad que estos mensajes aparezcan junto a teorías conspirativas sobre fraude electoral o sobre una supuesta “ingeniería social” global. Por otro lado, estas opiniones han surgido con mayor fuerza tras la percepción de que las mujeres votan mayoritariamente por la izquierda, lo que genera malestar en sectores ultraconservadores.
Cuando se cuestiona el sufragio femenino, se pone en tela de juicio el principio de igualdad política que sustenta las democracias modernas desde el siglo XX. El derecho al voto de las mujeres no es una concesión reciente ni frágil, sino el resultado de décadas de lucha del movimiento sufragista, que transformó sistemas políticos enteros, por lo que desmantelarlo implicaría abrir la puerta a una regresión mucho más amplia en derechos civiles.
El peligro no reside únicamente en la posibilidad (espero que remota) de que tales propuestas se traduzcan en políticas públicas. Para mí el riesgo real está en la normalización del discurso, porque cuando ideas abiertamente antidemocráticas como estas comienzan a circular con menor resistencia, el umbral de lo aceptable se desplaza. Ese fenómeno ha sido ampliamente documentado en estudios sobre extremismo político que advierten cómo la repetición constante de mensajes radicales puede erosionar consensos básicos, incluso sin convertirse en leyes.
Las feministas ya sabemos de sobra que los avances en igualdad nunca están completamente garantizados. Por ello, lo que nos queda como ciudadanía organizada es intentar perfeccionar explícitamente la alfabetización digital crítica de los jóvenes para que cuestionen no solo lo que oyen o ven, sino que entiendan lo que está detrás de estas plataformas diseñadas para provocar reacciones antiderechos. Tenemos que evitar a toda costa que ideas que hoy parecen marginales encuentren mañana un terreno más fértil.
El sufragio universal es el pilar básico de cualquier sociedad democrática.
Cuestionarlo desde argumentos basados en misoginia y prejuicios de género es ética e intelectualmente insostenible y, sobre todo, políticamente peligroso, porque la historia ha mostrado con suficiente claridad que los retrocesos en derechos rara vez ocurren para un solo grupo.
