Lo conocí en el 2013 en una cobertura en el servicio de Hemato-Oncología Pediátrica en Clínicas. De ese encuentro, se me quedó una imagen en la memoria para siempre: los deditos arrugados y las uñas de color oscuro. Era por la quimioterapia, me había contado su papá.
En el país de las polladas y vaquitas, el Hospital de Clínicas desarrolló un modelo de gestión para garantizar el acceso al tratamiento con elevadas tasas de sobrevivencia. Las estrategias fueron obtener un alto presupuesto, garantizar el acceso a medicamentos, capacitar a médicos, dar seguimiento a pacientes y otros.
Siguiendo con las historias, también recuerdo cómo un simple abrazo le salvó la vida a una mujer de 50 años. El sobrino le dijo que sintió algo punzante cuando se fundieron en un abrazo. Entonces, ella se hizo la mamografía y el diagnóstico fue cáncer de mama. Esto le permitió iniciar el tratamiento precoz.
El otro testimonio es de un hombre de más de 70 años, quien sin pudor me mostró los 18 puntos que marcaban su pecho tras la extirpación del lado izquierdo de la glándula mamaria. La herida cicatrizada que marcó su vida la mostraba con orgullo por superar al cáncer de mamas, una afección que se registra solo en el 1% de los hombres.
¿Por qué recuerdo estas historias? Porque cáncer y pobreza representan un doble obstáculo en el país. Especialmente, en esta era pandémica que acentuó la brecha de desigualdad para la compra de medicamentos, el acceso a las consultas, a los estudios de imágenes y a un diagnóstico precoz. La pandemia no solo destrozó la economía, también impacta en la saturación de los servicios médicos, tras la postergación de los controles médicos debido al encierro de casi dos años.
A este panorama se suma que cada vez más los pacientes con cáncer, tanto del Ministerio de Salud Pública (MSP) como del Instituto de Previsión Social (IPS), recurren a recursos de amparos para conseguir los medicamentos nuevos disponibles en el mercado que no forman parte del listado básico y que son inaccesibles por su elevado costo.
A toda esta situación, tanto en el servicio público y del IPS persiste el desabastecimiento de fármacos incluidos en la lista oficial, una situación que deriva en un golpe económico al bolsillo de las personas de escasos recursos.
¿Cuánto cuesta salvar vidas? A Lis Lugo Ferreira (51) le cuesta entre G. 4.000.000 y G. 6.000.000 cada ampolla de Fulvestrant, que sirve para tratar algunos casos de cáncer de mamá con metástasis. En una localidad argentina fronteriza suele conseguir a G. 1.500.000. A veces compra, otras no. Solo cuando su economía se lo permite, puede garantizar su tratamiento.
Lis Lugo es asegurada del IPS. Le recetaron el nuevo fármaco en diciembre del 2019. Debido a que el seguro social no provee este ítem, ella compra una caja cada mes. Ante el elevado costo, ahora está analizando promover un amparo.
Al igual que Lis, muchos asegurados necesitan que el seguro social actualice su lista e incluya nuevos medicamentos que permiten asegurar la calidad de vida de cada persona con cáncer.
“Actualizar el listado, porque cada día hay drogas nuevas. Los medicamentos nuevos evitan muchas veces la muerte, porque sabemos que ya no nos vamos a curar, pero queremos seguir con vida”, me dijo Lis.
El Estado y el IPS siguen con una deuda pendiente con este sector, tanto en el acceso a un diagnóstico precoz como a nuevos fármacos oncológicos.
Con la crisis económica, urge que se cumpla el derecho a la salud para los pacientes con cáncer, y como lo demuestra la experiencia de Clínicas, al garantizar el tratamiento con la provisión de medicamentos se logra una alta tasa de sobrevivencia.
