13 abr. 2024

Urgen soluciones al problema
de la movilidad urbana

Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.

En una conferencia de prensa, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez anunció que se tomó la decisión de suspender el contrato con el consorcio Parxin, según él, tras “varios estudios” y un informe del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), en el que le advertían que la aplicación y el software implementado por la empresa Parxin no reunían los requisitos correspondientes.

El manejo del tema muestra la forma improvisada con la que nos gobiernan. Al final del proceso, y habiéndose iniciado la implementación se hicieron notorios los errores en la app y otras cuestiones. Por otra parte, no se debe dejar pasar el hecho de que el Municipio de Asunción tuvo que recurrir a una oficina del Estado paraguayo para evaluar la aplicación de un servicio que ya había sido tercerizado.

El sistema del estacionamiento tarifado lleva ya más de una década siendo discutido, debatido y cuestionado. El proceso se inició durante la administración del intendente colorado, Arnaldo Samaniego, quien en mayo de 2015 vía ordenanza municipal convocó a una licitación para la concesión para la explotación del estacionamiento tarifado. Posteriormente, en diciembre del mismo año, el entonces intendente, Omar Pico (ANR) adjudicó licitación al consorcio Parxin, y meses después una de las empresas del consorcio ya no aparecía. De hecho, en el año 2023, la Contraloría en su informe señalaba que no quedaban claros cuáles eran las empresas que conformaban el mencionado consorcio.

El inicio de la implementación del control no solamente resultó improvisado, sino que además fue evidente el bajo nivel de inversión para la misma ciudad. Los conductores se encontraron con algunos carteles, calles mal pintadas y una aplicación que apenas funcionaba. Frente a esto se entendía claramente que la mayor parte del costo lo tendría que pagar el usuario, sin recibir nada a cambio. Según un cálculo, el costo del estacionamiento representaba el 38% del salario mínimo y de todo lo recaudado, la firma se quedaría con 65% de las ganancias, más 40% por multas y por servicios de grúas y cepos.

Por otra parte, al tercerizar el estacionamiento no se resolvían cuestiones fundamentales como el desorden del tránsito ni el tema social y económico que significa la existencia de los llamados cuidacoches.

La improvisación de las autoridades no queda demostrada solamente con el puntual y concreto caso del estacionamiento tarifado; con eso han venido demostrando –asimismo– que desconocen por completo el complejo problema que supone la movilidad urbana en este siglo XXI. Esto también fue patente cuando el año pasado se intentó implementar una reducida red de bicisendas y, al final, terminaron ganando los automovilistas y empresarios de la calle Palma.

Se debe gobernar con datos y uno a tener en cuenta es el desmedido aumento del parque automotor que ha crecido sin planificación precisamente por la falta de un sistema nacional de transporte público eficiente. Esa es la razón de las largas filas en las horas pico y la tremenda y cotidiana congestión en las entradas y salidas de la capital. Hay datos que señalan que cerca del 50% de los vehículos registrados están concentrados en la capital y en el área metropolitana.

Con urgencia las autoridades nacionales y municipales deben planificar un sistema de transporte público que tenga cobertura en áreas en donde actualmente no llega el servicio. La única solución para el caos actual es mejorar el servicio de transporte y ofrecer alternativas de movilidad (trenes, sistema de buses rápidos, bicisendas) para una ciudadanía que tiene derecho a tener mejor calidad de vida.

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