Pero esta iniciativa echaba por tierra otros avances en materia de educación, investigación e infraestructura. Hasta aquí no hay nada raro que pudiera venir de un gobierno colorado, lo extraño fue la despótica medida en contra de sus correligionarios.
El proyecto supuso la eliminación del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y el despojo de sus recursos de las municipalidades y, de manera selectiva, también la exclusión de las gobernaciones de Central y Villa Hayes del acceso a los fondos.
Aunque desde hace varias semanas se venía anunciado un proyecto a favor de la educación, sorprendió sus enormes implicancias. Impacta en los municipios que desde hace 10 años reciben los desembolsos para infraestructura y almuerzo escolar, en un contexto en el que más del 60% de las comunas son administradas por colorados a quienes el proyecto cayó como un balde de agua fría.
Los jefes comunales no fueron consultados acerca del proyecto y ni pensaron que el presidente por el que hicieron campaña les iba a despojar de sus recursos y de paso les insulte por una pésima gestión en la distribución de alimentos en las escuelas de sus localidades.
Ciertamente, los gobiernos municipales y departamentales malversaron dinero del Fonacide, pero este argumento fue más bien una excusa del Ejecutivo en un intento de justificar su proyecto.
Dos de los casos más polémicos de corrupción guardan relación con los ex gobernadores de Central, Hugo Javier González y de Presidente Hayes, Venancio Núñez. El segundo es hermano del senador cartista Bachi Núñez y a pesar de los intentos que hizo salir impune, recientemente fue condenado a 11 años de cárcel por desvío de dinero. Por ejemplo, usó parte de los recursos del Fonacide para pagar una carrera de caballos.
Por eso, el proyecto castigaba a las dos gobernaciones, pero el documento además contemplaba el desfinanciamiento de la Ley de Arancel Cero en las universidades, el incentivo a las investigaciones y el fondo de salud, entre otros. La propuesta fue un sinsentido y muestra de autoritarismo de parte de Peña y su entorno.
Pero no le salió barato. Poco le importó la opinión de expertos que manifestaron su preocupación, pero sí llamó toda su atención el descontento de los intendentes colorados que representan a las bases del electorado de la ANR distribuidas en todo el país y que además hicieron dudar a los obedientes legisladores del cartismo.
Todo apuntaba a que el proyecto no iba a prosperar, principalmente por su inviabilidad política. Tal vez las autoridades del Ejecutivo pecaron de ingenuos tras su victoria con la Ley de Superintendencia de Jubilaciones.
Esta vez fue diferente, las autoridades municipales no iban a soltar el dinero que tienen asegurado desde hace una década, independientemente de que la centralización tampoco demostró antes una eficiencia para tratar las necesidades básicas fuera de Asunción y Central.
Santiago Peña tuvo entonces que recular y mucho peor, “indemnizó” a los intendentes por las molestias de la última semana y no solo por el combustible que gastaron para llegar a Mburuvicha Róga a increparlo personalmente, sino con más recursos blindados exclusivos para obras de infraestructura y ahora el Ejecutivo deberá rebuscarse para cubrir el agujero financiero que dejó para la alimentación escolar esta nueva decisión.
Aunque intentó negar su derrota, su autoridad quedó desacreditada y en su afán por seguir adulando a los intendentes, propone ahora que las municipalidades dispongan del 100% del impuesto inmobiliario que recaudan.
