La Cámara de Senadores cerró el círculo de un perverso proyecto de ley que nació en Diputados y por el que los legisladores decidieron blindarse para evitar la aplicación del artículo constitucional de la pérdida de investidura.
El escándalo de los audios sobre el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados había tenido como epílogo la expulsión del Senado de Óscar González Daher (ANR) y Jorge Oviedo Matto (Unace), quien renunció camino al cadalso. El escenario preinternas coloradas había facilitado este desenlace, pero despertó las alertas en el Congreso. Los legisladores, especialmente aquellos con procesos judiciales, otros con incómodos prontuarios y los potenciales corruptos, vieron que esa decisión los ponía a todos en peligro. Entonces, desempolvaron un viejo proyecto, y en un acto de superioridad brutal violentando la Constitución, elevaron los requisitos del voto para la expulsión (30 en Senado y 53 en Diputados), contrariando la Carta Magna que señala claramente que si no establece una mayoría calificada se entenderá que la decisión debe tomarse por mayoría simple de votos. Pero además la barrera insuperable que estipularon es que el tratamiento de la pérdida de investidura requiere una sentencia judicial firme y ejecutoriada que confirme la culpabilidad de algún ilícito. En este país donde los procesos duran décadas, este es un requisito insalvable. Además de ser un absurdo, porque si ocurriera tal cosa de todos modos no podrán seguir en sus cargos, según el artículo que habla de inhabilidades.
La decisión generó polémica. La repulsa ciudadana afecta especialmente a legisladores de la oposición, cuyo electorado es más informado y por ello más esquivo, cuya lealtad se mide como los amores de verano. Tal vez sean insuficientes los argumentos esgrimidos, como decir que es “una medida política... Vamos a aprobar para después corregir”, como dijo Adolfo Ferreiro; o justificar que votó “sin querer”, como Hugo Rubin; o lamentarse que le cambiaron el proyecto, pero que apoyó con su voto como Olga Ferreira. Todos ellos candidatos a la reelección.
En política hay intereses, jamás ingenuidad.
LA LAPICERA. Tal fue el nivel de indignación, que el candidato presidencial colorado tuvo que salir a aclarar posturas distanciándose de su partido y de algunos senadores de su propia bancada que apoyaron el tema: “Ya hablé con él (Cartes). Él va a hacer un estudio sobre la interpretación de la redacción de la legislación y obviamente sabe mi posición. Ya le dije al presidente que si es así (la inconstitucionalidad de la ley), si fuese yo, vetaría”, aclaró Mario Abdo Benítez (h).
Efraín Alegre también manifestó su rechazo señalando que la ley es un elemento de impunidad que habilita a legisladores a cometer delitos comunes.
Ambos candidatos evitaron personalizar por qué sus correligionarios dieron su apoyo.
Cartes estará deshojando margaritas. Aunque la Corte Suprema le dio una mano rechazando la impugnación de su candidatura a senador, esta ley le beneficia en caso de que asuma la banca.
Si el Poder Ejecutivo le da su aprobación, los parlamentarios ya no estarán al alcance de la Justicia ni de la sanción política de sus pares. Con el desafuero, esa institución pervertida para la impunidad, ahora se suma el blindaje para la pérdida de investidura. El corporativismo en su máxima expresión.
EL PODER AMURALLADO. Pero no solamente los parlamentarios se blindan para evitar la mano de la Justicia. En los tres poderes del Estado hay actitudes que revelan el manejo del poder para beneficio propio y el desprecio al control de las cuentas públicas.
En esta lista podemos mencionar la inamovilidad decretada por esta Corte Suprema, cuyos miembros, de a uno, fueron planteando la acción, recibiendo el apoyo de sus pares, en una decisión cuestionada por su inconstitucionalidad y falta absoluta de ética. O cuando hace poco pretendió desconocer la ley que les obliga a la declaración jurada de bienes, pero que ante el escándalo mediático dio marcha atrás en la vergonzosa acción que pretendía eximir de esta obligación a todo el Poder Judicial, donde la corrupción ha encontrado su más segura guarida.
O cuando se blinda para evitar que la Contraloría audite sus cuentas. Esta lista encabezan las instituciones que deben dar ejemplo como la Corte Suprema o la Fiscalía General del Estado. Ni hablemos de los municipios, cientos de ellos que accionaron para evitar el examen de sus gastos, a pesar de las numerosas denuncias contra los intendentes que roban hasta las meriendas escolares o se embolsillan sin pudor algunos los fondos del Fonacide.
Los ministerios tampoco quedan atrás. La propia Corte falló a favor del MOPC para que la institución estatal sea auditada solo por el Tribunal de Cuentas, y no por la Contraloría. Llamativamente, todos prefieren al Tribunal de Cuentas, que depende de la máxima instancia judicial, quizá por ser un órgano político y manipulable.
Como se ve, no solo los parlamentarios fortifican sus privilegios y se alejan cada vez más de la sociedad. Es toda la estructura del Estado la que, aprovechando su posición de poder y complicidad, hace lo mismo con el solo objetivo de poder proteger sus turbios negocios.
