Nada ha cambiado desde la semana pasada, cuando el Gobierno finalmente presentó la estrategia nacional de ciberseguridad.
Las autoridades se demoraron para hacer la presentación de su estrategia, y el plan de ciberseguridad fue socializado solo con algunas pocas personas; se hizo a puertas cerradas, sin acceso a la prensa. Mientras tanto, la ciudadanía sigue padeciendo las consecuencias de la filtración de datos, resultado de uno de los últimos ataques, que incluyó un masivo intento de hackeo a cuentas de redes sociales y WhatsApp.
La serie de ataques cibernéticos a sitios webs de varias instituciones del Estado paraguayo se inició a fines del mes de marzo. En aquella ocasión, los ciberdelincuentes habían logrado filtrar datos personales de siete millones de ciudadanos de nuestro país: nombres, lugar de nacimiento, profesiones, género, dirección, vecindario, estado civil, fecha de nacimiento; así como también, datos personales como nombres de la madre, del padre, dirección, teléfonos celulares, así como también documentos sensibles, datos médicos.
Aquellos datos filtrados pertenecían al Tribunal de Justicia Electoral (TSJE) y al Registro del Estado Civil.
Al mismo tiempo hubo vulneración de datos de entidades como la Presidencia, Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, y otros.
En aquel momento, la brecha de seguridad potencialmente se temía que podría apuntar a la suplantación de identidad y otros ciberdelitos, contra los ciudadanos, y lamentablemente rápidamente esto se hizo realidad.
Desde los primeros ataques comenzó a hacerse evidente la vulneración, cuando la ciudadanía comienza a reportar extrañas y sistemáticas llamadas telefónicas de números del exterior; además otra de las consecuencias que se han reportado son los masivos intentos de hackeo a cuentas de redes sociales y de WhatsApp.
Con los datos disponibles de los ciudadanos, los criminales están en la capacidad de cometer todo tipo de ataques, entre ellos el phishing, malware o la explotación de vulneraciones de sistemas y redes para acceder a la información. Como explican los expertos, toman la lista de diez mil o veinte mil personas y les envían invitaciones o intentos de hackeos, aclararon asimismo que este fenómeno está afectando a toda la región.
Para dimensionar el alcance del pirateo de los datos, podemos mencionar que, hace unos días, el grupo CyberTeam, que ya habría atacado sistemas de instituciones del Estado había vulnerado datos sensibles de las páginas web del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Pronasida; y antes de eso, la cuenta de X del presidente Santiago Peña fue hackeada.
La situación es grave, pues nuestra frágil ciberseguridad se ha visto expuesta. Como se expuso en un artículo de este diario, uno de los ciberdelincuentes internacionales respondió algunas preguntas de ÚH, afirmando: “Estamos invadiendo solo por diversión y para demostrar que la seguridad es horrible”. Y, sobre la ciberseguridad del país afirman que es “una porquería”. (Junio 30, 2025).
La explicación de los piratas vendría a echar por tierra las excusas del presidente Santiago Peña, quien había afirmado que los ataques tendrían un trasfondo político, considerando las posiciones del Gobierno en defensa de Israel y Taiwán.
Es una realidad que las autoridades deben asumir, la fragilidad del sistema y que actualmente no hay forma de proteger los datos personales de los ciudadanos. Esta realidad es la consecuencia de la falta de políticas públicas, ausencia de normativa para la protección de datos personales, falta de inversión en infraestructura tecnológica y carencia también de recursos humanos especializados. Ya mostramos al mundo entero la fragilidad de nuestro sistema.
Lo único que podría devolvernos la credibilidad como país serían las medidas para evitar que los ataques se vuelvan a repetir. Ese será el gran desafío, que al Paraguay lo vean como un país serio, en el cual valdría la pena invertir. Pero, sobre todo, que los ciudadanos puedan tener la seguridad de que están siendo protegidos por las instituciones del Estado.
