Atendiendo el creciente consumo de drogas en nuestro país y ante el avance de nuevas sustancias, el Gobierno debe reforzar las acciones de carácter preventivo integral, también de atención primaria a los afectados y, a la vez, de índole represiva en la lucha contra el tráfico. El Estado, al articular políticas públicas contra las adicciones, no debe prescindir de la Iglesia y de organizaciones que trabajan con jóvenes en situación de consumo problemático, que ya tienen experiencia en el tratamiento de afectados por sustancias psicoactivas.
El centro y otras zonas de Asunción son una muestra palpable de que se deben reforzar las acciones de la lucha contra las drogas. A cualquier hora, pero especialmente alrededor de la medianoche, jóvenes y no tanto deambulan devastados por el consumo de lo que sería crac, entre otras sustacias. Esa desesperación muchas veces por acceder al estupefaciente les impulsa a cometer robos generalmente bagatelarios para conseguir un poco de dinero con el cual comprar para el consumo. Duele ver a estas personas circulando como si estuvieran en otra dimensión, sin la intervención de los organismos estatales que deberían prestarles un auxilio para su tratamiento. Ya por la indigencia en la que se encuentran y prácticamente inconscientes de la realidad en la que viven, por propia voluntad no podrán acercarse a ninguna institución pública especializada para que les brinde apoyo. Sin embargo, esta es la que debe acudir a ellos como un salvavidas, que en la práctica no ocurre. La descripción inicial es el reflejo de cómo las drogas afectan y además de la falta de una acción por lo menos focalizada del Estado, primaria y directa a un grupo de personas que se mueven habitualmente por determinados lugares. El mismo Gobierno admitió en mayo pasado el fracaso de su plan inicial contra las adicciones llamado Sumar, por lo cual cambió de estrategia anunciando que iban a involucrar también a representantes de la sociedad civil en los barrios, especialmente a las comisiones vecinales, a autoridades y la comunidad educativa, en este caso en Asunción y Central, aunque en aquella ocasión no se mencionó al interior. Hay que tomar como positivo el cambio de estrategia y que se reconozca que el proyecto inicial no estaba funcionando.
El Estado al articular políticas públicas en la lucha contra las adicciones no debe prescindir de la Iglesia y de organizaciones que trabajan con jóvenes en situación de consumo problemático, que ya tienen experiencia en el tratamiento de personas afectadas por el uso de sustancias psicoactivas.
El jueves fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas y la Arquidiócesis de Asunción instó a la implementación de políticas integrales por parte del Estado en la lucha contra las adicciones y que “se apunte a la prevención, la asistencia digna, la reintegración social y la construcción de un futuro más humano”.
También, el Gobierno debe cortar la cadena de suministro de estas drogas que tanto daño hacen a sus víctimas. Precisamente se realizaron en estos días en Asunción y otras localidades procedimientos contra bandas de narcos que proveen de droga en capital y central. Hay que insistir con estos operativos contra el microtráfico y los de gran escala.
A nivel mundial, la ONU advierte que el consumo y la producción de drogas alcanzan niveles históricos. En este contexto, el papa León XIV hizo un llamado para combatir a quienes negocian con las adicciones: “Existen enormes concentraciones de intereses y organizaciones criminales generalizadas que los Estados tienen el deber de desmantelar. Es más fácil luchar contra sus víctimas. Con demasiada frecuencia, en nombre de la seguridad, se libra una guerra contra los pobres, llenando las cárceles con quienes son solo el último eslabón de una cadena de muerte. Aquellos que tienen la cadena en sus manos, en cambio, logran tener influencia e impunidad”.
En síntesis, atendiendo el creciente consumo de drogas en nuestro país y ante el avance de nuevas sustancias, el Gobierno debe reforzar las acciones de carácter preventivo integral, también de atención primaria a los afectados y a la vez las de carácter represivo en la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas, como medidas insoslayables. No hay otra salida.
