27 jun. 2025

Apuntar a la problemática de fondo, no a la lógica punitiva

El tratamiento de la delincuencia juvenil no debe pasar por el endurecimiento de las penas, sino abordar la cuestión de fondo. Esta tiene su complejidad, pero es necesario dar los pasos iniciales con un enfoque multidisciplinario. En la prevención, corresponde la implementación de políticas públicas que fortalezcan la familia, la educación y una proyección laboral que posibiliten el desarrollo armónico del adolescente. Si cometió un delito, se debe buscar su rehabilitación con una perspectiva integral en lo penal, sicológico y social.

Los asesinatos de María Fernanda y del delivery han generado conmoción y dolor a la vez no solo en los familiares de las víctimas, sino también en la ciudadanía en general, con clamor unísono de justicia. Además se inició un gran debate en la sociedad sobre cómo tratar este tipo de casos cuando involucran a adolescentes como autores. Se ha hablado desde aumento de penas hasta incluso de cadena perpetua. Y, precisamente, en Senadores ya tiene media sanción el aumento de penas de hasta 15 años de privación de libertad. El proyecto tiene sus críticos. Pasó a Diputados, que deberá expedirse. La pena vigente es de hasta 8 años.

Al tratar el tema en general, hay que comenzar diciendo que el principal problema se inicia en la prevención. Allí ya se está fallando porque el joven que vive en un ambiente de contención, diálogo, amor de su familia, educación, espacios en donde desarrolla su personalidad de forma integral, con actividad en el deporte y buenas relaciones con jóvenes que también tienen ideales positivos, cuenta con una capa de protección social que le ayudará a un crecimiento personal. Le facilitará mejores decisiones y alejarse de vicios y marginalidad.

Por eso es necesaria la implementación de políticas públicas más eficientes que fortalezcan la familia, la educación y una proyección laboral que posibiliten el desarrollo armónico del adolescente. Si esto se lograra, restaría posibilidades a que se vincule con pandillas, droga y actividades ilícitas. Es un trabajo complejo, difícil, pero que se puede lograr, ya que existen también jóvenes sobresalientes que son la evidencia de que, aún en situaciones adversas, salen adelante. Se allana más el camino hacia el bien cuando existe orientación familiar adecuada y espacios aptos para su formación académica y espiritual. Lo expuesto se relaciona con una primera fase en donde tiene que ver lo estructural, el tejido social y la intervención del Estado.

En una segunda etapa a tratar es cuando el joven se ve involucrado en un delito. En esta, definitivamente, la recuperación no pasa por lo punitivo, sino por un trabajo del Estado que consiga su rehabilitación y reinserción en la sociedad. Ello no se obtendrá con el endurecimiento de la pena. Con más tiempo en los correccionales se verá más vulnerable y con más posibilidades de recaer, porque hay que señalar que el sistema penitenciario para menores tiene muchos déficits. Es más complicada en estas condiciones la rehabilitación. No es imposible, pero las dificultades se multiplican. El abordaje debe ser multidisciplinario, atendiendo las diversas aristas que comprende el tratamiento de un menor infractor.

En este contexto, hay que mencionar el debate que se dio en el Congreso sobre el aumento de las penas. Se expusieron dictámenes de las oficinas técnicas de la Corte, que (según la web del Senado) instan a un abordaje desde la prevención, y que el sistema busca la reintegración social del adolescente, teniendo en cuenta su desarrollo psicosocial y su comprensión. Se resalta que la privación de libertad debe ser el último recurso. En tanto, la Defensoría Pública recordó que el sistema penal adolescente nació tras la sanción internacional por el caso Panchito López, que obliga a abandonar la lógica punitiva y adoptar una perspectiva de protección integral. Que el adolescente debe ser tratado con un enfoque interdisciplinario que articule lo penal, psicológico y social.

Sobre la base de todo lo expuesto, concluimos que el tratamiento a los menores infractores no pasa por el endurecimiento de la pena, sino por una cuestión de fondo. Este abordaje tiene su complejidad, pero es necesario dar los pasos iniciales con la seriedad debida y el trabajo conjunto de las diversas instituciones para que los resultados puedan verse en el futuro, y se construya una mejor sociedad.

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