El ex gobernador Hugo Javier González Alegre y el ex jefe de Gabinete Miguel Ángel Robles, habiendo cumplido la pena mínima de seis meses por el delito que se les imputa, y porque la Constitución Nacional señala que, en ningún caso la prisión preventiva se prolongará por un tiempo mayor que el de la pena mínima, obtuvieron su libertad ambulatoria. Ambos fueron condenados a diez años de cárcel por los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos; en la causa también fueron sentenciados cinco ex funcionarios.
Además del caso del ex gobernador de Central, se pueden mencionar otros casos similares. Uno es Óscar Ñoño Núñez, hermano de Basilio Núñez, presidente del Congreso Nacional, el cual fue beneficiado con esa medida después de compurgar el mínimo de su condena de 11 años, y presentar una fianza de G. 53.000 millones. Núñez había sido condenado a 11 años de cárcel en diciembre del 2023, por lesión de confianza, administración en provecho propio, producción y uso de documentos no auténticos.
Asimismo se puede mencionar el caso del ex rector de la Universidad Nacional Froilán Peralta, quien cumple su condena en prisión domiciliaria; aunque su situación es diferente, ya que este sí tiene una condena firme, pero la Justicia le dio un trato preferencial por problemas de salud.
Mientras estos políticos pueden aguardar en sus hogares a que se haga firme su condena, en el Paraguay más de 10.000 personas privadas de libertad aguardan su juicio. Según datos del 2023, de un total de población de 17.712, solo 5.597 tienen condenas; sin mencionar a los cientos de casos de sentenciados, que habiendo cumplido su condena, no tienen las mismas oportunidades.
O, como formulara tan certeramente el obispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, “la Justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos”.
La abogada y activista Esther Roa opinaba que el sistema de Justicia está en crisis y que favorece a los que tienen recursos económicos, por eso los casos de corrupción no avanzan. “Estamos ante una crisis hoy porque las personas condenadas por corrupción no van más a la cárcel ni devuelven lo robado”, reclamó la abogada. Roa explicó que en los últimos años detectó 14 expedientes de corrupción de alto perfil que prescribieron.
Hace un tiempo, la Coordinadora de Abogados del Paraguay –a través de una nota a la Corte Suprema de Justicia– había llamado la atención sobre la impunidad. Decían que procesos a ex ministros, ex titulares de entes, ex magistrados, ex intendentes e incluso parlamentarios, le cuestan al erario público un desfalco de más de 9 billones de guaraníes o USD 1.300 millones.
Toda corrupción es repudiable, pero la que se cometió durante la pandemia fue una traición de autoridades que se aprovecharon de un momento de crisis, con paraguayos que morían en los pasillos de los hospitales, aguardando una cama en terapia intensiva, medicamentos o respiradores.
No debemos olvidar tampoco la complicidad de los políticos en el Parlamento. El ex gobernador de Central, con el apoyo de los integrantes de las bancadas coloradas de Honor Colorado y Añetete, en el 2021 se salvó de una intervención, pese a denuncias de presuntas irregularidades en su gestión y dos investigaciones fiscales.
La corrupción es una desgracia para el país, y tiene terribles consecuencias en las comunidades, especialmente en las más pobres. Pero además, la impunidad socava a la misma democracia cuando los ciudadanos dejan de creer en la Justicia y en la democracia; porque debe quedar claro que cuando se trata de corrupción pública, la víctima es el pueblo paraguayo.
