Hay problemas que en el Paraguay no se resuelven, solamente se postergan indefinidamente las soluciones. El del transporte público y su necesaria reforma y modernización es uno de los principales, por el peso que tiene en la calidad de vida de la población. Ante una nueva amenaza de paro por parte de los empresarios del transporte y recordando que en su informe al Congreso el presidente había anunciado una Ley de Transformación del Transporte Público, reiteramos la urgencia de que se hagan realidad todas las promesas.
Tras su asamblea, el Centro de Empresarios del Transporte Público del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro desde el 21 de julio, por un plazo de 72 horas. Otro gremio, la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) también podría unirse a la medida. Ambos gremios reclaman los atrasos en los desembolsos del subsidio y exigen una actualización de la tarifa técnica que establece el costo del pasaje. Las autoridades del Gobierno aseguran que realizarán los pagos del subsidio en la brevedad posible, y aclaran que la actualización del subsidio se debe dar mediante una mesa técnica.
Lamentablemente estamos viviendo una situación que se repite cíclicamente. Ante una amenaza de paro, el Gobierno se pone al día con lo adeudado a los transportistas, estos suspenden el paro y el servicio de transporte público nunca mejora, y sigue siendo el mismo sistema obsoleto, atrasado e ineficiente.
En este esquema, el usuario seguirá siendo el eslabón más frágil, quien padece tanto la inoperancia de quienes explotan el servicio, como la indiferencia del Gobierno ante el sufrimiento de los ciudadanos que se ven obligados a soportar el mal estado de las unidades, el precio del pasaje y las reguladas que están prácticamente normalizadas.
Ha llegado la hora pues de que se cumplan las repetidas promesas del Gobierno, pues el país ya no puede demorar una profunda reforma del transporte público. Es oportuno recordar que en el reciente informe presidencial ante el Congreso Nacional, el presidente Santiago Peña había anunciado que, en los próximos días, sería presentada la Ley de Transformación del Transporte Público.
En el área metropolitana de Asunción, menos del 7% de los viajes se realizan en el sistema de transporte público; por eso, predominan las motocicletas, vehículos particulares y servicios de plataformas digitales que saturan el tránsito. Análisis de los informes sobre movilidad urbana, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Mundial exhiben la deficiencia del servicio del transporte público en la capital y el área metropolitana, y remarcan que el 49,6% de las unidades del transporte público tienen frecuencia insuficiente por las reguladas y también por la falta de flotas operativas de varias empresas.
Urge que nuestro país ingrese de una vez al siglo XXI y, como otros países del continente, adapte los avances y las mejoras que le den a la población la calidad de movilidad a la que tiene derecho.
Para hacer eso posible tan solamente faltan interés y compromiso con las necesidades de la población por parte de autoridades y funcionarios. En toda Latinoamérica se cuentan casos exitosos de transporte masivo, tal como el sistema BTR, un sistema de autobús de tránsito rápido, que combina varias modalidades como metro, tranvía, sistema de trenes de cercanía y largas distancias y bicisendas. Ese sistema en su conjunto le ofrecería al ciudadano una alternativa de movilidad sin duda muy superior a nuestra actual y triste realidad.
El Gobierno debe entender que la solución no está en reemplazar las chatarras de los empresarios por buses eléctricos, pues eso no va a mejorar el servicio. Hace falta una nueva visión. Resolver el problema del caos del tránsito es pensar en un moderno sistema de movilidad y transporte que sustituya a la actual organización que básicamente consiste en el arbitrario reparto de itinerarios a un grupo de empresas que con impunidad regulan el servicio, no renuevan las unidades ni hacen mantenimiento, y restringen el servicio los fines de semana.
Esa modalidad representa el atraso y la absoluta falta de interés del Gobierno en la calidad de vida del pueblo.
