Según la variante del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEP), que excluye al sector agrícola y las binacionales, el PIB tuvo un crecimiento en términos reales del 6,1% durante el primer semestre; un ritmo más alto que el 5,9% observado en el 2024. Si incluimos al sector agrícola y las entidades binacionales, el crecimiento fue del 5,2%, menor aunque igualmente importante. A su vez, el Estimador de Cifras de Negocios (ECN), que sigue la marcha de las ventas de los principales sectores comerciales, tuvo un crecimiento real del 5,9% en el mismo periodo, manteniendo el mismo ritmo del año 2024. Por el lado del gasto, el impulso viene por un fuerte crecimiento del consumo privado y la inversión fija. La suma de ambos se aceleró el primer trimestre de este año con un crecimiento real del 6,8%, luego de un desempeño del 6,0% durante el año 2024.
El acelerado crecimiento del crédito bancario, superior al 15% anual en términos reales a junio pasado, explica en gran parte la expansión del consumo privado y el dinamismo observado en la inversión, principalmente en proyectos inmobiliarios. A esto se suma una alta ejecución de la inversión pública en el primer semestre, con un crecimiento real del 8%, y la alta afluencia del turismo de compras de argentinos, por las ventajas de precios que tienen los productos importados en las tiendas de nuestro país.
Estas son buenas noticias porque un crecimiento económico mayor tiene un impacto positivo en el empleo y en los ingresos de las personas, algo muy necesario dado el bajo ingreso per cápita y el elevado nivel de pobreza de nuestro país.
Sin embargo, no es sostenible que la economía crezca a un ritmo superior al crecimiento potencial de manera persistente porque implica que el gasto está creciendo más rápido que la capacidad de producción, y esto, más temprano que tarde, tiene efectos colaterales en otras variables, como impulsar una aceleración de la inflación y generar un creciente déficit en las cuentas externas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la balanza de pagos del país con el exterior. De hecho, ambos efectos se han notado en el primer semestre. Por un lado, la tasa de inflación interanual permaneció por encima del 4% y apuntaba a cerrar el año más cerca del 5% que de la nueva meta del 3,5% anual fijada por el Directorio del BCP. Y, por otro lado, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos cerraría nuevamente en alrededor del 4% del PIB este año, un nivel muy alto considerando que una parte sustancial es financiada con deuda externa privada de corto plazo, y no con otras fuentes más estables, como la inversión extranjera directa.
Las autoridades económicas debieran evaluar la postura de la política macroeconómica en esta coyuntura. La brusca caída del tipo de cambio ayudará a mitigar en el corto plazo las presiones inflacionarias de los bienes transables. Sin embargo, sostener el dólar en estos niveles requerirá de intervenciones agresivas del BCP para cerrar la brecha en el flujo de divisas, que persistirá mientras el gasto interno siga creciendo más que el PIB. Si bien tiene reservas suficientes, no es conveniente sostener un tipo de cambio real apreciado, porque afectaría sensiblemente la actividad de los sectores exportadores y de los que compiten con importaciones, y se acumularían desequilibrios que podrían requerir ajustes más importantes en el futuro.
Para lograr una convergencia gradual hacia el crecimiento potencial del PIB de alrededor del 3,7% anual, sería necesario implementar medidas que apunten a una desaceleración gradual del crédito y realizar los ajustes necesarios para aminorar el ritmo de ejecución del gasto y la inversión pública. El agotamiento de los fondos prestables en moneda local ayudará con lo primero y la decisión del MEF de cumplir con el plan de convergencia fiscal lo hará con lo segundo. Sin embargo, no es seguro que sea suficiente.
