28 abr. 2026

Dictaminan a favor de aumentar penas para funcionarios públicos corruptos

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable con respecto al proyecto de ley que propone endurecer las penas por delitos de corrupción en la función pública.

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El ex gobernador de Central Hugo Javier fue condenado a 10 años de cárcel por corrupción pública, pero ya se encuentra con libertad ambulatoria tras seis meses de prisión.

Foto: Renato Delgado.

Como una forma de combatir la corrupción en la función pública, se presentó el proyecto de ley que prevé aumentar la pena de 10 a 15 años de cárcel para aquellos funcionarios que cometan hechos punibles de enriquecimiento ilícito y hasta 25 años para hechos graves de lesión de confianza, mientras que para exacción de 10 a 20 años y de 10 a 15 años para casos de asociación criminal.

La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el legislador Yamil Esgaib, emitió dictamen favorable, pero con modificaciones al proyecto, que propone modificaciones al Código Penal Paraguayo.

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La propuesta será tratada este martes en la Cámara de Diputados y de ser aprobada pasará a la Cámara de Senadores.

El proyecto establece penas de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en actos ilícitos específicos, considerados de alta gravedad para el Estado y la sociedad.

Asimismo, señala la necesidad de una disuasión legal efectiva para el combate frontal a la corrupción pública y privada, destacando que el crimen organizado nacional se sostiene gracias al apoyo de determinados funcionarios públicos, generando un drenaje sistemático del patrimonio estatal.

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A su vez, sostiene que la corrupción pública vulnera derechos humanos fundamentales y que sus efectos son comparables a los crímenes de lesa humanidad, al deteriorar servicios esenciales, como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.

Según se informó, durante el estudio en plenaria serán expuestos todos los fundamentos jurídicos, técnicos y constitucionales que respaldan el dictamen favorable.

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