A pesar de contar con una condena firme y una orden de captura, el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas (ANR) se encuentra en libertad. En suma, en unas tres causas se estima que causó un daño patrimonial de más de G. 18.000 millones. Por ello, enfrentó tres procesos. En uno, logró el sobreseimiento por extinción; en otro, la absolución de culpa y pena, y en el tercero, la orden de captura vigente sin ejecutar.
Por unos G. 800 millones fue condenado a ocho años y actualmente, él está prófugo.
En marzo de este año, la jueza de ejecución María Lidia Wyder ordenó la captura de Roberto Cárdenas, a fin de que cumpla una condena firme de ocho años de prisión por lesión de confianza. El caso corresponde a la causa Nº 2804-2/2015: “Ministerio Público c/ Roberto Cárdenas y otros s/ lesión de confianza y otros” por un daño patrimonial de G. 1.120.871.119 según expediente y de G. 859.559.192 según fallo.
Lea también: Corrupción: Un solo intendente está preso y ningún gobernador
Esta causa se refiere a la sobrefacturación en la construcción de aulas en 15 instituciones educativas del municipio de Lambaré durante su administración, ejecutada con fondos provenientes de royalties de la Itaipú Binacional para Fonacide.
El 23 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia dictó la condena a ocho años de cárcel por los delitos de lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, considerando probados que los hechos generaron un perjuicio patrimonial al Estado en total de G. 859 millones.
La defensa de Cárdenas planteó múltiples recursos judiciales, incluyendo un pedido de aclaratoria ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo el argumento de que existía una “expresión oscura sobre la pretensión deducida por esta parte, “extinción de la acción’”.
Sin embargo, la Sala, integrada por los ministros Víctor Ríos, César Diesel y Gustavo Santander, rechazó por unanimidad el recurso en noviembre de 2024. Ríos sostuvo que la resolución “no padece de ningún error material, expresión oscura u omisión que pudiesen ameritar una aclaratoria”, y que la Sala no podía extralimitarse en sus competencias.
Con la condena ratificada y el fallo firme, la jueza de ejecución María Lidia Wyder ordenó el 17 de marzo de 2025 la captura de Cárdenas, quien hasta la fecha no fue detenido ni remitido a un centro penitenciario.
Nota relacionada: Corrupción: Un solo intendente está preso y ningún gobernador
Logró extinción y absolución
En la causa paralela, Nº 2804-1/2015 “Ministerio Público c/ Roberto Cárdenas y otros s/ lesión de confianza y otros” por un daño patrimonial de G. 11.208.711.196. El proceso fue cerrado provisionalmente mediante un sobreseimiento por extinción de la acción penal, que aún no fue confirmado en instancias superiores, según datos del Observatorio Judicial de Causas de Corrupción.
Este punto mantiene abierta la posibilidad de que la causa sea reactivada, en caso de que se revoque la resolución del juzgado de primera instancia.
En otro proceso independiente, también por supuesta lesión de confianza y malversación de fondos, Cárdenas fue absuelto de culpa y pena, cerrando así ese frente judicial de manera definitiva. En este caso, el daño se estimó en G. 5.704.000.000.
La trayectoria judicial de Roberto Cárdenas expone con crudeza el funcionamiento desigual del sistema de Justicia paraguayo. A pesar de contar con una condena firme y una orden de captura, el ex intendente sigue en libertad.
En Paraguay de 32 expedientes contra intendentes solo una causa obtuvo una condena que se hizo efectiva con prisión y está en cumplimiento actualmente. La mayoría sale librado con procesos con penas de entre 3 y 4 años, que se cumplen en el desarrollo de las diligencias judiciales y entran dentro del periodo estimado para evitar la cárcel por multa. El dinero desviado de los fondos públicos mayormente nunca es repuesto.
En el caso de Cárdenas, el patrón común en los tres casos es el uso de recursos extraordinarios, chicanas jurídicas y dilaciones que prolongaron los procesos durante años, hasta llegar a puntos críticos solo cuando la presión pública y mediática se hizo insostenible. Cárdenas arrastró todos sus procesos judiciales con medidas alternativas a la prisión desde el 2016.
