10 may. 2026

CSJ reemplaza a funcionarios que participaron en intervención a taiwaneses

La Corte Suprema de Justicia dispuso este miércoles el reemplazo de un juez y un actuario judicial, quienes habían participado del allanamiento a una vivienda en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, donde se encontraban 15 taiwaneses aglomerados pese a las medidas de distanciamiento social impuestas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

Procedimiento de taiwaneses en CDE 2.jpeg

En el allanamiento a la lujosa residencia, la Fiscalía encontró a 15 ciudadanos de Taiwán. 14 de ellos contaban con documentos en regla y uno se expone a ser deportado.

Foto: Edgar Medina

Tras la denuncia de unos vecinos del barrio Boquerón de Ciudad del Este, una comitiva fiscal-policial allanó durante la mañana de este miércoles una vivienda ubicada en la mencionada zona, donde se encontraban 15 ciudadanos taiwaneses aglomerados.

Del procedimiento participó el juez penal de Garantías, Carlos Vera, en compañía del actuario judicial Rubén Areco.

Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso que tanto Vera como Areco sean sometidos a un periodo de cuarentena y permanezcan bajo vigilancia sanitaria, con el fin de velar por la salud de los demás funcionarios judiciales.

Nota relacionada: Covid-19: Fiscalía allana casa por aglomeración de taiwaneses en CDE

Amílcar Marcos será el juez que reemplace a Carlos Vera, mientras que Ariel Cáceres se desempeñará como actuario judicial en lugar de Rubén Areco. Ambos sustitutos son designados en carácter de interinos, según el comunicado de la CSJ.

Luego del allanamiento, aprobado por el juez Carlos Vera, la comitiva constató que 14 de los 15 ciudadanos de Taiwán ingresaron al país como turistas el pasado 12 de marzo a través del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Uno de los taiwaneses no pudo justificar su entrada al país, exponiéndose a ser deportado por la Dirección General de Migraciones, según señaló la fiscala interviniente, Estela Mary Ramírez.

De momento, todos quedaron en aislamiento en la residencia y se exponen a multas y hasta a un proceso penal por la violación de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo que buscan distanciar a la población y así mitigar el contagio del Covid-19.

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