05 oct 2026

Fiscalía investiga presunta destrucción de inmueble estatal que será entregado al Ministerio Público

El Ministerio Público abrió una causa penal para investigar la presunta destrucción de bienes públicos en un inmueble ubicado cerca del Palacio de Justicia de Asunción, propiedad de la institución desde el año 2003 y cuya entrega oficial se encuentra en proceso.

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Durante el recorrido efectuado por representantes de la institución se verificó que gran parte de la infraestructura había sido reducida a un estado de ruina.

Foto: Gentileza.

La causa fue asignada por sistema aleatorio a la Unidad Penal Barrial N° 3, a cargo de la fiscala Andrea Vera Aldana, quien tendrá a su cargo las diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias en que se produjeron los daños denunciados en el predio, conocido anteriormente como taller de la Policía Nacional.

La investigación se inició luego de que autoridades del Ministerio Público constataran un avanzado estado de deterioro en las instalaciones durante una inspección realizada recientemente.

Según los antecedentes, el inmueble habría sufrido la remoción y desaparición de techos de zinc, tinglados, puertas, marcos y otros componentes estructurales, ocasionando importantes perjuicios al patrimonio estatal, informó este miércoles la Fiscalía.

La situación cobró relevancia tras el anuncio público de que el inmueble sería entregado próximamente al Ministerio Público. Durante el recorrido efectuado por representantes de la institución se verificó que gran parte de la infraestructura había sido reducida a un estado de ruina.

Otro aspecto que será objeto de análisis en la investigación es que el predio continúa siendo utilizado por la Policía Nacional, que mantiene personal activo en el lugar, por lo que la Fiscalía buscará determinar las responsabilidades correspondientes y establecer quiénes habrían participado en los hechos denunciados.

Las primeras diligencias estarán orientadas a la recolección de evidencias, la cuantificación de los daños ocasionados y la identificación de los presuntos responsables de la destrucción de bienes pertenecientes al Estado.

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