El procedimiento se realizó en el marco del amparo constitucional promovido por la Municipalidad de Encarnación y la comisión ciudadana Salvemos al Poti’y, en contra de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
El objetivo de la medida es conocer la real situación de las 63 estaciones de bombeo con las que cuenta la red cloacal de la capital departamental.
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La verificación judicial fue encabezada por el abogado Pablo Villalba, representante legal de la Municipalidad de Encarnación, junto a técnicos y directores de distintas áreas de la Comuna encarnacena, técnicos y abogados de la EBY y de la Essap, entre otros.
Tras el inicio de la verificación técnica de las estaciones de bombeo de la ciudad, el representante legal del Municipio dio a conocer las alarmantes conclusiones de las primeras 15 estaciones inspeccionadas.
“Recorrimos 15 estaciones en los primeros dos días. De las siete estaciones inspeccionadas en el primer día, cinco están en abandono total: no tienen conexión eléctrica, carecen de motores y tableros de control. No funcionan ni existen operativamente. En el segundo día inspeccionamos ocho estaciones, ninguna cumple con los requisitos técnicos establecidos en la licitación”, señaló.
El profesional agregó que solo dos estaciones están operando, pero lo hacen con un solo motor activo, cuando por pliego de licitación y diseño técnico deberían contar con al menos dos motores operativos para garantizar un bombeo adecuado.
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El amparo constitucional de carácter urgente fue promovido ante la grave situación ambiental que atraviesa el subembalse del arroyo urbano Poti’y, que fue denunciada por Última Hora.
El objetivo de la medida es frenar la alarmante contaminación de los subembalses, playas y arroyos urbanos, como el Poti’y y Mbói Ka’ê.
El arroyo Poti’y atraviesa los distritos de Encarnación y Cambyretá, en tanto que el arroyo Mbói Ka’ê rodea la ciudad de Encarnación.
Según los denunciantes, solo el 40% de las 63 estaciones de bombeo construidas por la EBY estarían en funcionamiento.
Ante esta situación, los residuos cloacales son vertidos en crudo en el cauce hídrico, a través de una vía de descarte (bypass), arrojando la materia fecal a los arroyos y al río Paraná.
Esta situación quedó reflejada en el análisis laboratorial realizado por la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) en el cauce del arroyo Poti’y, que detectó coliformes fecales altamente superiores al límite máximo permitido para uso humano.
El inicio del reconocimiento judicial y verificación técnica tuvo un pequeño retraso debido al recurso de falta de competencia del juzgado local planteado por la EBY. No obstante, los denunciantes afirmaron que el recorrido continuará hasta completar la verificación de las 63 estaciones existentes.
EBY culpa a la Essap
Al respecto, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través de su asesor jurídico Eduardo González, cuestionó algunos aspectos del planteamiento judicial presentado por la Municipalidad de Encarnación, respecto al funcionamiento del sistema cloacal de la ciudad. La binacional señala que existen responsabilidades compartidas entre las instituciones involucradas.
Asimismo, el asesor jurídico aclaró que la responsabilidad de la EBY estuvo relacionada con la construcción de la red de efluentes cloacales como parte de las obras de compensación por la afectación causada por el proyecto hidroeléctrico.
Sin embargo, remarcó que el servicio de agua potable y tratamiento de efluentes corresponde a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
“Nosotros estamos cumpliendo con la obligación que asumimos en la construcción de la infraestructura, pero el tratamiento de efluentes cloacales y el servicio sanitario son competencia de la Essap”, afirmó.
Entretanto, González agregó que la entidad está trabajando en la recuperación total del sistema, mencionando la contratación de empresas encargadas del mantenimiento y una nueva adjudicación para la adquisición de bombas destinadas a las estaciones de bombeo.
“Tenemos 63 estaciones de bombeo en Encarnación. Es un sistema complejo y costoso de mantener, más aún cuando no existe un control adecuado sobre las conexiones irregulares y descargas provenientes de comercios, industrias y viviendas particulares que podrían afectar el funcionamiento de la red”, explicó.
La binacional presentó denuncias ante la Policía y el Ministerio Público por el robo de bombas y componentes del sistema. “Tenemos entre 8 y 10 denuncias realizadas por sustracción de equipos”, expresó.
