Más allá de lo rimbombante del anuncio del Gobierno de una economía de guerra, la idea concreta es ajustar el gasto en un contexto donde los números fiscales empiezan a tensarse. Sin embargo, más que un problema de disciplina coyuntural, lo que revelan los datos es una combinación más compleja: Ingresos debilitados, gasto rígido y proyecciones que, a la luz de los resultados, parecen haber sido demasiado ambiciosas y pueden que termine pareciéndose a un castillo de arena. A febrero de 2026, los ingresos del Estado cayeron 5,1%, mientras que el gasto total creció 11,1%. El déficit fiscal se mantiene en -0,5% del PIB acumulado y en torno al 2% en términos anualizados. La dinámica no es sostenible en el tiempo sin ajustes más profundos o decisiones estructurales.
El verdadero dilema aparece al mirar la composición del gasto. No se trata de erogaciones fácilmente recortables: Salarios en sectores de docentes, profesionales de la salud y seguridad, programas sociales y compromisos financieros siguen siendo los principales gastos. Incluso con una desaceleración en los intereses de la deuda que muestran una tendencia a la baja, aunque aún se ubican en torno al 4,7% anualizado, el margen de maniobra sigue siendo limitado.
En paralelo, comienzan a surgir señales preocupantes desde el frente tributario. El Gobierno prepara una ley para regular el uso de las reservas facultativas de las empresas, con el objetivo de forzar su capitalización o distribución de utilidades y, en consecuencia, ampliar la base de imposición.
La reacción del sector empresarial no se hizo esperar, el rechazo es claro, bajo el argumento de que nuevamente se pretende trasladar al sector formal, principal contribuyente del fisco, el costo de un desequilibrio que no generó.
Este punto no es menor. En un contexto de desaceleración de ingresos, avanzar sobre mecanismos que pueden ser interpretados como cambios en las reglas de juego podría afectar la confianza y las decisiones de inversión. Más aún cuando el propio Gobierno había descartado previamente subas de impuestos.
Al mismo tiempo, es inevitable revisar las proyecciones. El actual plan financiero contempla niveles de gasto elevados y concentrados en áreas clave: 12,7 billones de guaraníes para educación, 9,7 billones para salud, 4,9 billones para desarrollo social, 4,6 billones para seguridad interna y 4,2 billones para obras públicas. Son prioridades legítimas, pero también reflejan un Estado con compromisos crecientes y difícilmente ajustables en el corto plazo.
En ese esquema, cabría preguntarse si existen espacios de revisión en otras áreas. Sectores como Defensa Nacional o incluso la propia estructura administrativa –con 1,2 billones asignados a la Presidencia– podrían entrar en el debate sobre eficiencia del gasto, aunque históricamente estos recortes han sido políticamente complejos.
Así, el “apretarse el cinturón” parece más un enunciado que una estrategia concreta. El problema fiscal actual no se resolverá únicamente conteniendo el gasto ni presionando sobre nuevas fuentes de ingresos de corto plazo. Requiere de una discusión más profunda sobre prioridades, eficiencia y previsibilidad en un momento electoral.
Paraguay ha reprobado históricamente la prueba de la eficiencia en el gasto público. Y hoy, paradójicamente, este debate resurge en uno de los mejores momentos de su desempeño económico reciente. Esa debería ser la señal más clara de que ya no hay margen para postergar este punto. Porque sin un Estado que gaste mejor, el crecimiento difícilmente será sostenible en el tiempo.
Y, al final, es a través del propio aparato público que ese crecimiento debe traducirse en mejoras concretas para la ciudadanía.
