Los historiadores no son novelistas. No deberían serlo. La historia busca hechos y evidencias para construir argumentos siempre hipotéticos. Pero el historiador también construye relatos. Una cosa es el pasado –esa entidad casi mítica– y otra su reconstrucción. De algún modo, debe ser, además, literato; incluso filósofo: Un conocedor de principios, como R. G. Collingwood (1889–1943), uno de los últimos filósofos que fue, al mismo tiempo, un gran historiador. Y también como Theodor Mommsen, quizá el último gran historiador clásico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1902.
Todo esto se vuelve más complejo cuando se construye una lectura de la historia política desde el interior de un partido político. Más aún si ese partido es, en los hechos, cuasirreligioso, como el Colorado. Yo siempre he sostenido que los historiadores, como los filósofos, deben ser cuidadosos en el uso de conceptos y contextos. Me atrevería a decir, incluso, que también deben cuidar sus audiencias para evitar abusos y trivializar violencias. Dicho esto, hay tres aspectos que me han parecido problemáticos en el enfoque adoptado por José Duarte Penayo: El constitucional, el histórico y, un pequeño apéndice político.
LO CONSTITUCIONAL
Duarte Penayo dice que el Gobierno de Stroessner fue constitucional. Ciertamente, tuvo texto constitucional. ¿Qué es lo que hace a un gobierno constitucional? En una sana tradición constitucionalista, es el artículo 16 heredado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: Separación de poderes, protección efectiva de los derechos, ejercicio real de las libertades. Si uno examina el stronismo –cierre del Parlamento en 1958, reelección indefinida en 1977, Ley 209, presos políticos, torturas, desapariciones, cierres de medios, exiliados– se advierte algo evidente: El texto de una Ley Magna no fue suficiente para llamarlo gobierno constitucional. Stalin también tenía Constitución.
Carlos Santiago Nino, el jurista argentino, lo expresa con claridad: Sin garantías efectivas de los derechos y sin una separación real de poderes, no hay Gobierno constitucional. A menos que se adopte –lo digo yo– una concepción decisionista del derecho, al modo de Carl Schmitt (1888–1985), donde la excepción funda la norma: El poder fáctico del stronismo como fuente del derecho. Tampoco puede negarse la juridicidad de la Constitución de 1870, tutelada por los invasores; la carta política de 1940, bajo inspiración fascista y la restringida de 1967, pero difícilmente podrían llamarse constituciones plenas. Ha sido también la tesis del historiador Paul H. Lewis de la Universidad de Tulane, según la cual, la historia política paraguaya redujo lo legal a la concentración del poder.
Llamar Gobierno constitucional al stronismo vuelve ilegítimo el golpe del general Rodríguez y nos conduce a una aporía: ¿No fueron el mismo coloradismo y las Fuerzas Armadas quienes lo encabezaron?
LO HISTÓRICO
La cuestión histórica es más compleja. Y exige cierta argumentación. El pasado, en sentido estricto, no existe como tal es, en cierto modo, una entidad ausente. Lo que existe es su reconstrucción; es decir, una narrativa que interpreta documentos, hechos y testimonios de un tiempo que ya no es. No se trata de una mera descripción, como podría ser la de una célula. Se trata, más bien, de la reconstrucción racional de procesos y decisiones humanas.
De ahí surge una cuestión decisiva: ¿Puede ese lenguaje ser objetivo? La respuesta exige matizar. No existe una neutralidad absoluta; sí, existe, en cambio, una obligación moral e intelectual de fidelidad a los hechos, que deben ser argumentados con rigor. Pero no todo vale. Es en ese relativismo del “todo vale” donde radica el mayor peligro. El stronismo fue un régimen fundado en la coerción y la violencia, tuvo etapas, pero mantuvo siempre una constante: La concentración del terror. Presentarlo como “benigno” –aún bajo la pretensión legítima de criticar otras tradiciones consideradas más brutales en el Paraguay– vacía de sentido el término. “Benigno” puede decirse de un tumor en histología: Allí es descriptivo. No puede aplicarse, sin grave confusión, a una dictadura, cuya acción es normativa y se mide por su relación con la justicia. ¿Stalin mejor que Mao?
LO POLÍTICO
Al final, tal vez, esto no sea una cuestión de constitucionalismo ni solo de historia, sino de hegemonía política, es decir, de quién impone el relato.
Y los intelectuales inorgánicos como yo quizá no deberíamos inmiscuirnos. Es que –creo–, parafraseando al historiador Marc Bloch, es preciso evitar la instrumentalización de la historia.
Cada generación debe escribir la suya, sí, pero evitando el presentismo: Mirar el pasado únicamente para justificar injusticias del presente. Cuando eso ocurre, la historia deja de ser ciencia y se desliza hacia la ideología.
La historia no es solo un conocimiento amoral del pasado; es también moral. No existen hechos atroces “mejores” que otros. La moral no sustituye la evidencia: La juzga. Historia sin moral embrutece. Desde esa perspectiva, tampoco creo que sea democrático cancelar a José Duarte Penayo, sino debatir sus ideas, por más dolorosas que resulten. Marginar o prohibir sería, irónicamente, dar la razón a los fantasmas de Stroessner. Fantasmas que reaparecerían como síntoma latente de esa cultura autoritaria de la que queremos despojarnos. Comprender el stronismo nunca debe llevar a justificarlo, y contextualizarlo nunca debe convertirse en absolución. Si algo ha mostrado la historia reciente es un progreso –imperfecto, pero real– de las libertades desde febrero de 1989. Tal vez esa deba ser la tarea de las nuevas generaciones; de lo contrario, no sería difícil volver a repetir la historia.
