Una propuesta de ley de emergencia laboral fue presentada este martes ante el Congreso por la Corriente Sindical Clasista (CSC). El documento pretende garantizar los salarios de trabajadores formales e informales durante el tiempo que dure el paro sanitario por la pandemia del coronavirus.
“Es muy bueno que el Ministerio de Trabajo plantee que se garantice y se tiene que pagar el salario a todos los trabajadores del país en este paro sanitario, pero hasta ahora eso no tiene sustento legal. El objetivo (de la propuesta de ley) es dar un sustento legal”, explicó el dirigente sindical Eduardo Ojeda durante una entrevista con NPY.
En ese sentido, Ojeda también advirtió que el proyecto de ley de contingencia económica que anunció el lunes el Poder Ejecutivo incluye un presupuesto de casi USD 400 millones para gastos de ayuda económica al trabajador, pero no se concretiza el monto de la ayuda económica para cada persona, ni cuál será el cálculo, ni cómo se distribuirá.
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“En el proyecto del Gobierno no hay cuestiones tangibles en lo que se refiere a la clase trabajadora, no se tiene bien caracterizada la realidad laboral”, aseguró el sindicalista, quien mencionó que los despidos van en aumento en todos los sectores.
El documento presentado en el Congreso por la CSC incluye cinco puntos en concreto. El primero establece que el objetivo es garantizar los salarios durante la crisis sanitaria. También propone que la patronal podrá descontar los días de cuarentena de sus vacaciones a las personas inscriptas en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, cuando terminen las vacaciones la patronal seguirá pagando el salario, para eso el Estado debe otorgarles un préstamo sin intereses, de acuerdo con el documento.
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Además, la propuesta es que la previsional suspenda los aportes patronales y de los trabajadores durante la crisis, pero no la cobertura, que seguirá siendo total. El IPS refinanciará esto cuando termine el paro, con un plazo de cinco años.
La central sindical afirma que el dinero que financiará el proyecto puede ser redireccionado de “la totalidad no ejecutado de los royalties, de los presupuestos de las entidades públicas centralizadas no ejecutados, de los gastos que no afecten salario y mantenimiento y también de los fondos de la reserva del Tesoro Nacional”.
Con respecto a los trabajadores informales, la CSC señala que el Estado debe pagar el 70% del salario mínimo a todos ellos, además de exonerar el pago de energía eléctrica y agua durante la crisis sanitaria. Posteriormente, esto será refinanciado en un plazo de cinco años.
