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Corte debe definir un juez para el caso de Javier Díaz Verón y su esposa

El caso del ex fiscal General del Estado Javier Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, vuelve a la Sala Penal de la Corte para determinar quién será el juez del proceso.

La decisión se da tras la presentación de un recurso por parte del ex fiscal General Javier Díaz Verón, quien alegó que existen resoluciones contradictorias en su caso por parte del juez Julián López —que lleva su caso— y el juez Agustín Delmás —por el caso de su esposa María Selva Morínigo—, por lo que se produjo una competencia entre jueces, que debe ser definida en la Sala Penal de la Corte Suprema.

El recurso tuvo lugar en la Corte y su causa procesal volvió a la Sala Penal para que los ministros puedan determinar quién será el magistrado que llevará el caso de Díaz Verón y de su esposa María Selva Morínigo, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Con la medida, también se suspendió la audiencia preliminar que estaba prevista para esta jornada, por lo que ahora se deberá fijar nuevamente otra fecha.

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El juez de Garantías Julián López, tras recibir los expedientes de la Corte, fijó para la citada fecha la preliminar, tanto de Díaz Verón, acusado por presunto enriquecimiento ilícito, y de su esposa, María Selva Morínigo, acusada por presunto lavado de dinero.

El mismo Díaz Verón, bajo patrocinio de su defensor Mario Aníbal Elizeche, planteó recurso de reposición y apelación en subsidio.

Ambos alegaron que la Fiscalía había pedido acumular su caso, que estaba con el juez López, y el de su esposa, que tenía el juez José Agustín Delmás. Esto fue rechazado el 18 de noviembre de 2019, pero luego fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, el 23 de abril de 2020.

Sin embargo, la Fiscalía volvió a pedir acumular los casos, pero ante el juez Delmás, quien el 16 de julio de 2020 admitió la acumulación de los dos casos. Esto fue confirmado por el Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, en agosto pasado.

Con ello, Díaz Verón dice que hay resoluciones contradictorias, por lo que se produce un conflicto de competencia que debe ser definido por la Sala Penal de la Corte, es decir, los ministros deben definir qué juez debe tener los casos.

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