En un momento crítico para la Contraloría, Camilo Benítez convocó a un encuentro para hablar sobre la independencia de esta institución en el marco del régimen de integridad, transparencia y prevención de la corrupción, que forma parte del plan nacional surgido en la cumbre de poderes impulsada por Santiago Peña al inicio de su gobierno, para la lucha contra este flagelo.
Pero el contralor no apareció durante el acto, supuestamente por su ajustada agenda, pese a que acudieron incluso invitados internacionales que se encargan de dar el soporte técnico y legal para la implementación del nuevo régimen.
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Benítez evade a la prensa y evita dar declaraciones públicas debido al torbellino político que generó al asumir el pedido de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción. En consecuencia, podría ser sometido a juicio político, impulsado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que ya unificó su bancada en Diputados para hacer más fuerte su confrontación al cartismo, y sería apoyado por otros sectores de la oposición.
El contralor está acusado de haber instrumentado el pedido de intervención y usado la institución para sacar de carrera a un rival político del oficialismo como es el intendente Miguel Prieto, que apunta a la presidencia en el 2028.
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Benítez se habría extralimitado al solicitar la intervención, que sería atribución únicamente de la Junta Municipal, ya que juristas indican que la función de la Contraloría es solo dictaminar.
La oposición además alega que hay irregularidades en los argumentos del pedido de intervención para el caso de Ciudad del Este, y serias omisiones de hechos punibles en el caso de Asunción, a cargo del intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
El cartismo en principio apunta a la aprobación del pedido de intervención, además de la disidencia colorada, que ya anunció que no se opondría, a pesar de la desconfianza hacia el contralor.
