Al final del 2025 hubo acuerdo sobre la evaluación positiva a nivel macroeconómico; también coincidencias sobre la necesidad imperiosa de que dichos logros se materialicen en bienestar para la gente, mejores servicios públicos y derechos fundamentales hechos realidad: salud, educación, empleo y seguridad. Para que se cumplan estos anhelos, es preciso acabar con la corrupción y la impunidad; la clase política debería escuchar al cardenal Adalberto Martínez cuando insta a “trabajar por el bien común, y no por los propios intereses mezquinos”.
En este inicio de un nuevo año, hay motivos para tomar con suspicacia los discursos y los grandes gestos que prometen que será un buen año, en cuanto a las perspectivas que tenemos como país. Sin embargo, también deberíamos dejar un lugar para la esperanza, en que es posible vivir en un país con democracia, justicia e igualdad, con gobernantes comprometidos en trabajar por el bienestar de su población. Pero esta esperanza debe estar fundada en hechos concretos y no solo en cifras, especialmente si no concuerdan con lo que se vive en los hogares paraguayos.
Para mantener alto el optimismo que han generado los datos macroeconómicos que ha presentado el Gobierno con tanto orgullo, y para hacer realidad ese país de las oportunidades, sería necesario que las autoridades electas y los funcionarios sean capaces de mirar a su alrededor, para poder ver mejor la realidad que se palpita en las calles.
Si el objetivo es que todos estemos mejor, en primer lugar debe mejorarse la salud pública, una salud pública que sigue en crisis y cada vez más alejada del ideal de una atención universal y gratuita. A diario se reproducen los reclamos por la atención, falta de medicamentos e insuficientes camas de UTI. Aunque a lo largo de los años fue aumentando el presupuesto asignado, es evidente que sigue siendo insuficiente. Las políticas públicas deben ser más efectivas y dar respuestas a la gente. Es urgente que se provean los medicamentos e insumos, se habiliten más camas y se hagan mejores esfuerzos porque la atención sea humana y respetuosa.
También se deben cortar privilegios. Decía el Informe de Derechos Humanos 2024 que en el Paraguay entre 2010 y 2019, el presupuesto público en salud creció un 174%, y los contratos para seguros privados aumentaron en un 8.477%; estos son recursos públicos para pagar servicios de seguro médico privado a grupos de funcionarios públicos. Debe acabar el privilegio para unos pocos y la pollada para resolver el problema de salud para la mayoría.
Debe mejorar también la seguridad, cada día se suceden hechos delictivos que afectan a la ciudadanía, y están casi normalizados. La violencia urbana afecta a las personas en las paradas del transporte público, en las calles y en los espacios públicos. Y mientras no hay respuestas ni soluciones, se debe recordar el dato: el 70% de las personas no denuncian; precisamente porque un 80% de quienes fueron víctimas no quedaron satisfechas tras acudir a la Justicia.
Para que cada paraguayo y paraguaya esté mejor, urge que se reparen las escuelas y colegios públicos, pues es inadmisible que se caigan techos y paredes y que niños y adolescentes aprendan a leer y escribir bajo un árbol. Debe entenderse, asimismo, que programas como Hambre Cero son apenas intentos de paliar una realidad grave como es el hambre de miles de familias paraguayas.
Otro punto fundamental es la necesidad de empleo digno para todos, y, en particular, para la juventud, que se ve enfrentada a un país que no le ofrece oportunidad ni para estudiar, ni para trabajar y desarrollarse.
Por otro lado, las reformas deben hacerse, pero no debe improvisarse, ni cambiar para que nada cambie, es el caso de la ley de reforma del transporte público. La ciudadanía merece un servicio eficiente, moderno y que respete su dignidad.
Sobre todo, en este 2026, para que estos derechos se hagan realidad es necesario vencer a la corrupción, pues como dice el obispo de Caacupé, Ricardo Valenzuela, “la corrupción quita confianza y dignidad a la persona”, por eso alertó que la conducta corrupta “compra conciencias, rebaja la dignidad del prójimo y erosiona los pilares del país”.
