En calidad de observadores del proceso penal, la Codehupy y el Serpaj expusieron su preocupación ante situaciones que comprometen la integridad de las investigaciones.
Primeramente, cuestionaron el marco jurídico de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), cuya actuación consideran no están bajo el amparo de lo establecido en la Constitución Nacional.
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Señalaron cuestiones referentes al debido proceso y el derecho de la defensa particular, haciendo énfasis en que ambos procesados están imposibilitados de estar presentes en los tribunales.
Si bien mencionaron que actualmente está la situación de la pandemia por el Covid-19, apuntaron a que ambos no son presentados desde antes del nuevo escenario que afronta el país.
“La decisión es previa a la coyuntura y obedece a criterios que deben ser revisados, desde el punto de vista de la afectación que podría tener en el aspecto de las garantías procesales”, subrayaron.
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Por otra parte, mencionaron el estándar probatorio para la causa, el cual se basa esencialmente en informes de inteligencia policial.
En ese sentido, precisaron que ello puede ser muy útil para la labor de organismos de seguridad en la persecución de los hechos, pero cuestionaron su uso como prueba contundente en juicios orales.
“No es un instrumento suficiente para transformarse en una prueba en la que un Tribunal pueda establecer condena, como se pretende hacer aquí”, destacaron.
Recordaron que no es un fenómeno nuevo la “criminalización de organizaciones y activistas campesinos”, la cual da paso a numerosas violaciones en las garantías judiciales.
Sobre el punto, expusieron el “récord penoso” que tiene nuestro país en cuanto a la comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en donde se lograron ocho condenas por cuestiones referentes a la violación de garantías judiciales.
Durante el desarrollo del juicio, pobladores de la localidad de Agüerito, Concepción, se manifestaron pidiendo la liberación de los hermanos Morales.
Antecedentes de los Morales
Gregorio y Víctor Morales están acusados de formar parte del secuestro de Edelio Morínigo, recluidos hace más de cuatro años en la Cárcel Regional de Concepción.
Ambos afrontan un juicio oral y público por presunto secuestro, asociación criminal y asociación terrorista.
Los hermanos fueron detenidos el 27 de enero de 2016, durante allanamientos que se realizaron en la zona de Yaguareté Forest.
En la imputación, entre otras cosas, el Ministerio Público sostiene que ambos forman parte de la logística del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).
Uno de los elementos que incriminan a los Morales, según los fiscales, es una lata de leche en polvo Nido, hallada en un campamento, presumiblemente del EPP.
El escrito señala que debido al código de barra del producto, se pudo llegar hasta el lugar en que fue comercializado, el supermercado La Familia, de la localidad de Karapa’i.
Los investigadores afirman que en dicho comercio los dueños confirmaron que el producto fue adquirido por los hermanos, junto a otros víveres.
Otro aspecto señalado por los fiscales es que “fuentes humanas” señalaron haber visto a Gregorio y a Víctor descargando víveres que fueron recogidos por supuestos integrantes del grupo armado.
