La diputada Celeste Amarilla pidió a la Contraloría General de la República investigar los millonarios contratos de limpieza y seguridad del Instituto de Previsión Social (IPS), tanto del gobierno del ex presidente Horacio Cartes como del actual, de Mario Abdo Benítez.
Señaló que la empresa del clan Palumbo facturó USD 680.000 por mes en concepto de limpieza durante la administración de Cartes, mientras que la firma Sevima, de Claudio Escobar Brizuela, recibió USD 235.000 por mes, y que ambas siguen facturando con el actual Gobierno.
También dijo que el ex ministro de Educación y actual precandidato a vicepresidente, Juan Manuel Brunetti, facturó USD 50 millones con una sola empresa, que es Comepar, para almuerzo escolar.
“Imagínense si ahí hubiese una coima. Cosa que no creo. Yo nomás soy la coimera. Parece que ni médicos no son, pero yo nomás soy la coimera”, manifestó, poniendo en duda el título de su colega Basilio Núñez, de profesión neurocirujano.
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De igual manera, sostuvo que el ex ministro de Obras Públicas y precandidato a presidente, Arnoldo Wiens, asfaltó hasta los árboles para quedarse seguramente con el vuelto y para competir con la plata del narcotráfico.
Celeste Amarilla aseguró que el ex presidente Cartes tiene una fuente inagotable de dinero, producto del contrabando de cigarrillos, y que beneficia al narcotráfico que comparte sus rutas.
“En seguridad, volviendo al IPS, el Gobierno de HC facturó USD 27,5 millones, USD 458.000 por mes. El Gobierno de Mario Abdo, en medio de su honestidad, esto ha bajado a USD 300.000”, detalló.
La diputada afirmó que el Estado paraguayo está siendo esquilmado por una gavilla de delincuentes que integran la cúpula, el directorio y la Junta de Gobierno del Partido Colorado, ya que licitación que revisa se encuentra con una fortuna grosera de dinero.
“Es una grosería de limpieza del IPS cuando todos sabemos que eso es una mugre y hay pacientes que mueren por infecciones, por virus hospitalarios, porque ese hospital es sucio y había sido que se gastan millones de dólares”, manifestó.
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El diputado Basilio Núñez, líder de la bancada de Honor Colorado, respondió a la diputada Amarilla y expuso que la misma facturó al Estado USD 40 millones y que por esa razón integra la Comisión de Asuntos Económicos, quiere estar en la Bicameral y opera con gobernaciones, municipalidades y el Gobierno Central.
“Por eso ahora está trabajando para cobrarle deudas espurias a la Gobernación Central”, soltó el diputado Núñez.
Seguidamente, dijo que horondamente la diputada habla de licitaciones públicas, de limpieza y seguridad y que el ciudadano seguramente está preocupado viendo a “una comprabanca confesa” que en el directorio reconoció que “coimeaba” y que se autodenominó una pitbull, “pero finalmente corre cuando van a hablar de la realidad”, expresó.
“Lo que representa a la última década, tres empresas son las que ganan todo y una de ellas es su empresa, ahí está detallado, es lo que facturó su empresa en las últimas dos décadas”, finalizó el diputado Núñez.
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La legisladora se sintió aludida y dijo que efectivamente la empresa en la que trabajaba facturó USD 40 millones, pero que no es un delito facturar incluso USD 1.000 millones.
“El problema es que si lo que facturás es contrabando, eso sí es un delito, no como dice Santi Peña que algunos contrabandos no son delitos. Ahí está la alta moral de los profamilias”, señaló.
Posteriormente, aseveró que lo que no figura en la web es “la cantidad de terrenos municipales que el señor Basilio Núñez robó, la cantidad de terrenos con los que se hicieron él, su esposa, su pendeja, su hija y su ex esposa”.
“A la cantidad de cargos públicos que repartió en todas las instituciones, tampoco tenemos la cantidad de plata que robaron en Opaci él y su gavilla, tampoco la cantidad de plata que robó de la Municipalidad de Villa Hayes y la Gobernación”, expuso.
De igual manera, sostuvo que en la web no se pueden encontrar los G. 200.000 que seguro paga por cada voto, ya que afirma que nadie le vota por su carisma.
“Tampoco tenemos en la web los abortos que manda a pagar el profamilia y mucho menos tenemos su título de neurocirujano”, finalizó la diputada, quien afirmó que los datos de lo que facturó son públicos y están fundados.
