Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, junto a los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, condenados como autores materiales del crimen del fiscal Marcelo Pecci, fueron trasladados desde cárceles comunes hacia guarniciones militares en Colombia, según publicaron medios de ese país.
El traslado fue realizado durante el fin de semana en medio de un cerrado hermetismo buscando de garantizar la integridad física de los condenados y preservar el orden en los centros penitenciarios donde se encontraban recluidos, según reveló el periodista de Caracol Radio, José Andrés González.
“Las razones para ordenar los traslados de Magareht Chacón y los hermanos Pérez Hoyos a guarniciones militares, se debe a que presuntamente, quieren matarlos. Esa advertencia la hizo el presidente de la República Gustavo Petro el pasado 3 de julio”, escribió el comunicador en la red social X.
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Pecci fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú (Cartagena), mientras disfrutaba de su luna de miel.
La justicia colombiana capturó a los sicarios que ejecutaron el atentado, así como las personas que organizaron el operativo criminal. Entre ellos, Francisco Correa Galeano, considerado cerebro del magnicidio.
En enero de este año, Correa recibió varias puñaladas en el interior de su celda, la número 25 del pabellón 32 de la cárcel La Picota de Bogotá, Colombia.
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En declaraciones ante el juzgado, el hombre había dado el nombre del ex presidente de la República Horacio Cartes como uno de los supuestos autores intelectuales del crimen.
Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el hecho, mientras que una más está para ser juzgada en Venezuela.
Con sentencia a 23 años y 6 meses de prisión están Wendre Still Scott (quien efectuó el disparo), Eiverson Adrián Arrieta (el conductor de los asesinos), Marisol Londoño y Cristian Monsalve (que hicieron el seguimiento al fiscal).
También están condenados a 25 años y 6 meses de cárcel los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos.
Margareth Chacón fue condenada a 35 años de prisión y la pena fue confirmada en la última instancia del sistema penal colombiano.
